Una noticia recuerda que desde hace cuatro meses Río Gallegos no tiene transporte público de colectivos. “¡Qué vuelva el CATOVA!”, escribe un usuario en el posteo de la nota en una red social. ¿Será para tanto?, el tema de los colectivos en la capital de Santa Cruz parece el cuento de la buena pipa.

El Artículo XIII de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad –instrumento del Foro Social de las Américas tendiente a fortalecer los procesos de integración urbana – señala que es deber de las ciudades “garantizar a todas las personas el derecho de movilidad y circulación (..) a través de un sistema de transporte público (..) a precio razonable”, considerando que el acceso a la movilidad permite a las personas ejercer sus derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución Nacional, tales como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, etc.

Después de una controversia legal entre el municipio y la empresa Maxia, finalmente se llegó a un acuerdo que ya fue homologado por la Justicia. Y paralelamente hoy se prorrogó la fecha para la apertura de sobres del llamado a licitación para cubrir el servicio.

Mediante este acuerdo la empresa cede siete unidades y da otras cinco en alquiler a un valor mensual de $125.000 a pagar por adelantado, y con una duración de tres meses hasta tanto se puede poner en marcha la nueva empresa que logre la concesión.

Idas y vueltas

La historia de Río Gallegos con el transporte público fue -en este siglo- un conflicto eterno.

A finales de 2003, Juan Carlos Villafañe, presidente del Concejo Deliberante en ejercicio de la intendencias (tras la renuncia del arquitecto Héctor Aburto) llama a licitación pública para cubrir el servicio, sin éxito ya que no hubo oferentes. Tiempo después -por contratación directa- otorga la concesión a la empresa TAISUR SRL, del grupo TAI que ya prestaba servicios en otras ciudades patagónicas, como Ushuaia y Río Grande.

Inicialmente contaba con 3 ramales: A – B – C , y el servicio se prestaba con unidades IVECAM con capacidad para 21 pasajeros sentados.

A los pocos días de firmado el contrato surge el primer conflicto: Asume la intendencia el Licenciado Héctor Roquel y cuestiona los términos en que se rubricó el compromiso que -para colmo de males- vinculaba al municipio con la empresa por nada más y nada menos que 10 años.

En 2011, durante el último año de la segunda gestión del intendente Roquel, el crecimiento de la ciudad ya requería una reestructuración del servicio para incluir a los vecinos de los barrios periféricos a los que migraban muchos vecinos que concretaban la construcción de su casa propia. Después de una serie de negociaciones la empresa incorpora unidades de mayor capacidad y comienza a funcionar los ramales D y E que unían la Terminal de ómnibus con los barrios Naútico y San Benito, respectivamente. El valor del boleto y la accesibilidad de los vehículos siempre fue una discusión constante entre el gerente de la empresa en ese entonces, Juan Petrovac y los secretarios de Gobierno, primero Roberto Giubetich y luego Ernesto Cruz, por lo cual se crea una Comisión para el seguimiento del valor del transporte público, que pocos beneficios trajo para los usuarios.

Al año siguiente de la asunción de Raúl Cantín como Intendente (diciembre 2011), Taisur incorpora la Línea F que unía la Terminal de ómnibus con el barrio Padre Olivieri y Los Álamos.

La puja entre el municipio y la empresa por el valor del boleto y la desconformidad de los usuarios con el servicio fueron determinantes para que ambas partes desistan de continuar la concesión, a pesar de la prórroga que extendió su permanencia un tiempo más.

Ya en el año 2014, también mediante contratación directa, Cantín otorga la concesión del servicio a Línea 7 perteneciente al grupo Autobuses Santa Fé, iniciando el servicio con un boleto a $8,50, manteniendo los mismos ramales que operaba Taisur. El mayor problema llegó después: en el año 2015 cambió la razón social a Montecristo SRL, también parte del grupo Autobuses Santa Fé, y utilizando prácticamente la misma flota de vehículos, comienza a operar el servicio durante la gestión interina de Pablo Grasso.

Hasta este momento, la responsabilidad de redactar el pliego para la licitación del servicio era exclusivamente del Intendente. Pero en el año 2016 el Concejo Deliberante introduce cambios en el proceso: A partir de entonces los concejales comenzarían a tener voz y voto para establecer las condiciones de la contratación del servicio y para discutir los eventuales cambios en el valor del boleto, mediante proyectos de ordenanzas presentados por los concejales Fabián Leguizamón (UCR) y Martín Medvedovsky (FPV), respectivamente.

Lo peor estaba por venir

Con Roberto Giubetich en la Intendencia, en 2017 la empresa Montecristo, que funcionaba con un boleto de $10,90 decide unilateralmente dejar de operar durante un mes dejando sin servicio a la ciudad. Luego de idas y vueltas, acusaciones cruzadas y reclamos de la UTA. luego se firmó un contrato de prórroga hasta tanto se licite nuevamente el servicio fijando el valor del boleto en $15,90, que en febrero del año siguiente pasó a costar $19, con un servicio deficiente debido a que solo circulaban 9 colectivos para cubrir toda la ciudad. Cabe recordar que la empresa Taisur 10 años antes cubría el servicio con -aunque de menor capacidad- 21 unidades.

Luego de algunas licitaciones fallidas, siguiendo la histórica tradición de sus antecesores, Giubetich contrata de forma directa a la empresa Maxia SRL que comienza a prestar el servicio con un boleto a $25.

El Capitulo Maxia vs. Grasso

Todos los pasos que llevaron a la ruptura total entre el municipio y Maxia comenzaron desde el primer día en que asumió la intendencia Pablo Grasso. Apenas instalado en el Palacio Municipal la UTA se hizo notar con una fuerte manifestación y el reclamo de la empresa para ponerse al día con los pagos del subsidio. Tranquilizadas las aguas el flamante Intendente con todo su gabinete ofreció una conferencia para anunciar que denunciaría penalmente a los directivos de la empresa y a funcionarios de la gestión anterior por haber lesionado los intereses municipales en favor de la empresa, y cuestionó duramente la dinámica de certificación del servicio. Este momento auguraba lo que vendría después.

En marzo ambas partes deciden terminar la concesión y planifican una salida ordenada de la empresa pero – como a todos los rubros – la pandemia del CoVid 19- echó por tierra todos los planes. En la cuarentena el servicio se comenzó a prestar con solo 5 unidades y posteriormente se prohíbe el transporte público urbano en todo el país. En mayo comienzan reclamos de la UTA ante el futuro incierto de la continuidad de la empresa, y en julio explota todo: El municipio toma posesión de los colectivos apoyándose en una orden judicial del Juez Marcel Bersanelli que le ordena “hacerse cargo” del servicio de transporte público urbano, y nombró al concejal mandato cumplió José Luis Gómez al frente de la administración. El resto es historia conocida.

Lo que viene

El 2 de octubre pasado se publicó el llamado a licitación para cubrir el servicio en la ciudad con al menos 23 vehículos, con un valor del pliego de $ 100.000, previendo abrir los sobres con las ofertas justamente hoy, pero se prorrogó la apertura y aún las empresas interesadas podrán reunir los requisitos para ofertar.