Los psicólogos sociales de la provincia de Santa Cruz, que son alrededor de un centenar, esperan que sea tratada en la Legislatura provincial la Ley de ejercicio de su profesión. Se trata del Proyecto N° 160/19 que fue presentado a principios de 2019 por el diputado mandato cumplido Darío Menna, que actualmente se encuentra en discusión en la Comisión de Trabajo y que corre riesgo de perder el estado parlamentario si no se aprueba al inicio del próximo año legislativo.
Oportunamente, la iniciativa -que abarca la diversidad de títulos correspondientes a la Educación Superior conforme a las leyes 24.521 “Ley de Educación Superior” y 26.206 “Ley Nacional de Educación”- había generado un fuerte rechazo por parte del Colegio de Psicólogos de la provincia quienes reaccionaron públicamente, no obstante durante el año pasado se trabajó en contener en el texto del proyecto los intereses tanto de los psicólogos sociales como de los licenciados en psicología, dejando claramente delimitada la competencia profesional de los profesionales de la psicología social.
Dentro de los lineamientos que propone el proyecto de ley para regular el ejercicio profesional, se deja establecida la obligatoriedad de la matriculación para el ejercicio profesional, y prohibe expresamente a los psicólogos sociales “diagnosticar y realizar tratamientos de cualquier tipo de patología, psíquica o mental” como tampoco “prescribir, administrar o sugerir medicamentos”.
Asimismo, entre otras funciones, se menciona que estos profesionales participan en Los procesos vinculares y grupales, en situaciones conflictivas, promoviendo la resolución de los mismas en forma autogestiva y participativa, o por ejemplo en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de proyectos socio – comunitarios, que tienen por objeto de intervención las tramas vinculares en grupos, organizaciones públicas o privadas, de la sociedad civil y del Estado, Institucionales y Comunidades Urbanas o Rurales, etc., con el objeto de preservar, afianzar, o restablecer las condiciones concretas de existencia saludables, cualquiera sea su localización o pertenencia social.
El psicólogo social y coordinador provincial de la Primera Escuela de Psicología Social “Enrique Pichón Riviere”, explicó a WOU que este año “se han realizado diversas conversaciones, con diputados de diferentes bloques legislativos prometiendo acciones para activarlo: las opciones son solicitar un pronto despacho, llamarnos a dialogar nuevamente con los psicólogos respecto del proyecto, modificarlo o presentar un nuevo proyecto” y destacó “la buena voluntad de los señores legisladores quedando confirmar las palabras en acciones concretas”.
Montané expresó que en este contexto de crisis “sin duda el Técnico Superior en psicología social, operador en psicología, o el Técnico Superior en Análisis e Intervención en los campos grupal, institucional y comunitario cuenta con herramientas grupales y vinculares para operar a nivel organizacional e institucional en tiempo de pandemia, de crisis, de urgencias comunitarias teniendo como norte la promoción de la salud mental” y explicó que la profesión del psicólogo social “se diferencia de otras, en el sentido que operamos para que los diversos colectivos gestionen sus propios proyectos, cumplan con sus fines, se hagan cargo de las contradicciones, conflictos y obstáculos, en una intervención descentrada es decir promocionando el protagonista del otro”.
“Nos hemos instrumentado para contener grupalmente las contradicciones operantes con el fin de colaborar y copensar en su resolución”, concluyó.
