El Senado de la Nación hizo un proyecto para pedir al Poder Ejecutivo la incorporación de las personas con discapacidad con factores de riesgo o institucionalizados, dentro de los grupos prioritarios del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.
La iniciativa es impulsada por los senadores nacionales Eduardo Costa, Mario Fiad, María Tapia, Silvia del Rosario Giacoppo y Laura E. Rodríguez Machado.
Asociaciones de familias de personas con síndrome de Down de la Argentina expresaron su apoyo al proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Salud del Senado de la Nación, pidiendo al Poder Ejecutivo la incorporación de las personas con discapacidad con factores de riesgo o institucionalizados, dentro de los grupos prioritarios del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.
En ese sentido, las asociaciones le hicieron llegar al senador Fiad información relevante respecto de la importancia de vacunar a las personas con síndrome de Down de riesgo (mayores de 40 años o jóvenes con comorbilidades, según la investigación de T21RS cuyos resultados fueron publicados en The Lancet).
También tomaron contacto con el senador Julio Cobos –a través de gestiones de ADOM (Mendoza)- quien se comprometió a apoyar el proyecto en la Cámara Alta.
Fundamentos
En los fundamentos del proyecto, los legisladores señalan: “Hay un grupo que se ubica dentro de los grupos vulnerables y que no ha sido considerado como prioritario en el plan inicial de vacunación: las personas con discapacidad que presenten uno o más factores de riesgo o se encuentren institucionalizadas. La Resolución 627/2020, de marzo 2020, si bien incorporó entre los grupos de riesgo a las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en la primera etapa de vacunación nacional, las autoridades nacionales no las incluyeron en sus estrategias”.
“Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con discapacidad están clasificadas como poblaciones vulnerables en situaciones de emergencia de salud pública. Las barreras institucionales, ambientales y de actitud existentes se exacerban, y otras nuevas aparecen en tiempos de emergencias de salud pública, restringiendo aún más el ejercicio de los derechos básicos de las personas con discapacidad, incluyendo el derecho a la vida, el derecho al acceso a la atención médica y el derecho a la vida independiente”.
A la vez, dan cuenta de un informe realizado en septiembre de 2020 por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el cual se indica que “la tasa de letalidad entre el colectivo de personas con discapacidad es del 7%, aproximadamente tres veces superior que el registrado por la población en general”. Al mismo tiempo, un análisis comparativo entre las personas con discapacidad (con Certificado Único de Discapacidad) y el total de la población contagiada con COVID-19 en septiembre de 2020, realizado por el mismo organismo, detectó que “ese porcentaje de letalidad entre la población con discapacidad fue 7%, mientras que el de la población total es 2,2%: una diferencia de 4,8 puntos porcentuales”.
Adhirieron al pedido: Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), ADOM (Mendoza), AISDRO Rosario (Santa Fe), A.Pa.Si.Do (Neuquén y Río Negro), ARID (San Juan), ASDEC (La Rioja), ASDRiG (Santa Cruz), Asociación Chupetes y Delantales (Corrientes), Asociación Civil Trisomía 21 Villa Ángela (Chaco), Asociación Down Formosa, Asociación Luz de Esperanza (Santiago del Estero), Asociación Salteña Síndrome de Down Colibrí, Asociación Todos Juntos (Jujuy), APASDECH (Chubut), AVISDOWN (Córdoba), Caleuche (La Pampa), Down Catamarca, Down is Up (Tucumán), Fundación Incluir (Entre Ríos) y Tandil Inclusiva (provincia de Buenos Aires).
