La justicia pidió informes a Alicia Kirchner y a UTE Represas sobre el rediseño de las represas.
Un fallo de la Cámara Federal emplazó al Estado nacional y a la UTE Represas Patagonia a brindar información sobre el estado de obras de las dos represas que se construyen en el río Santa Cruz.
La Justicia federal ordenó al Estado nacional y al trinomio de empresas UTE Represas a presentar información sobre el estado de obras de dos represas que se construyen en el río Santa Cruz.
La decisión está vinculada a una medida cautelar presentada a fines de 2019 por la Fundación Banco de Bosques, que solicitó frenar la reubicación obra en Cóndor Cliff hasta tanto se presenten estudios ambientales.
El pedido de la ONG ambientalista fue tras la publicación de un artículo periodistico que mostraba una enorme grieta en uno de los taludes de contención del vertedero que se montaron sobre el río Santa Cruz.
El fallo de la Cámara de Apelaciones —firmado por la Juezas Clara María Do Pico y Liliana María Heiland, como así también por el Juez Rodolfo Facio— solicita a la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por Electroingeniería, China Gezhouba Group Corporation e Hidrocuyo SA, que en el plazo de 20 días, informe sobre el estado actual del sector en cuestión, y “solución de ingeniería” encomendada para la reubicación de las estructuras de hormigón para el desvío del río Santa Cruz y el vertedero de la Represa Cóndor Cliff.
De igual forma, le piden al Estado Nacional, el registro actual de avance de las obras correspondientes a los aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz, en particular, en la Represa Cóndor Cliff.
En su argumentación el Juez Facio sostuvo “que es necesario asegurar que se evalúe de un modo serio, científico y participativo el impacto ambiental del emprendimiento, pues se trata de obras que presentan una suficiente relevancia como para alterar un amplio ecosistema, que podrían impactar en zonas de gran riqueza en cuanto a los recursos naturales disponibles”.
Este trámite ya estaba solicitado, pero se frenó a causa de la Pandemia, por la que se mantuvo una feria judicial de siete meses. Hacia fines de 2020 la Jueza de Primera Instancia desestimó la cautelar pedida por el Banco de Bosques, pero la organización apeló y ahora el fallo salió a su favor.
