El kirchnerismo duro marchará esta tarde contra la Corte Suprema: críticas de la oposición y de organizaciones especializadas.
La convocatoria es a las 18 frente al Palacio de los Tribunales y en otras ciudades del país. Alberto Fernández dijo que es “una marcha ciudadana”.
Comenzó como una convocatoria marginal del kirchnerismo más cristinista. Fueron el dirigente que alguna vez fue piquetero Luis D´Elía y el juez de Tribunal Oral Criminal Juan Ramos Padilla quienes llamaron a marchar el 1 de febrero al Palacio de los Tribunales para protestar contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Las consignas son de lo más variadas: van desde el “fin del lawfare”, “basta de impunidad”, “democratización de la justicia”, hasta la renuncia de los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Pero a la convocatoria marginal inicial se sumaron Hebe de Bonafini y los dirigentes camioneros Hugo y Pablo Moyano. La presencia de Bonafini impulsa la participación en la marcha de organismos de Derechos Humanos alineados con el kirchnerismo como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, la seccional Capital de H.I.J.O.S.y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros. La presencia de los Moyano encolumnó al Frente Sindical y se sumaron la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, más otros sectores gremiales.
La marcha bautizada como el “1F” también recibió apoyos expresos del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y del de Seguridad, Aníbal Férnandez. Pero además se sumó uno de los principales hombres de Cristina Kirchner en el gobierno: Juan Martín Mena, número dos del ministerio de Justicia, quien dijo que le parecía “sano y necesario” que la gente se pronunciara en una marcha. Un planteo similar realizó Martín Soria, quien desde que asumió en la cartera judicial en reemplazo de Marcela Losardo critica a la Corte Suprema.
El colectivo judicial kirchnerista “Justicia Legítima”, que encabeza Cristina Caamaño, se sumó a la marcha. De esa manera una organización presidida por quien maneja el servicio de Inteligencia del país convoca a una movilización contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza de uno de los tres poderes del Estado. La jefa de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) aclaró que no irá personalmente a la marcha pero que acuerda con los motivos de la convocatoria.
El escritor Mempo Giardinelli, ferviente convocante a la movilización desde sus columnas en el diario Página/12, explica el fundamento de la protesta: “También por todo eso parece importante la marcha popular convocada para mañana martes frente al Palacio de Tribunales y con réplicas anunciadas en todos los edificios judiciales de las 23 provincias argentinas. Ideada por uno de los jueces federales más respetados del país, Juan María Ramos Padilla, ésta será la primera vez en la Historia nacional que un reclamo popular apunte directamente a la cúpula del Poder Judicial. Y con una exigencia no menor: pedir la renuncia de los cuatro miembros de la Corte Suprema”.
Y concluye: “Lo cierto es que cuando los sistemas de Justicia se tornan sistemáticamente lentos, retóricos, ineficientes, e incluso con tintes racistas y discriminatorios y además costosos y tantas veces sobrados de corrupción, es imperativo revisar y mejorar esos sistemas. Y esto parece ya obvio en el caso argentino, en cuya cúspide hay cuatro personas (los ciudadanos Rosenkrantz, Maqueda, Rosatti y Lorenzetti) que a veces parecen sentirse dioses intocables que hubiesen perdido la autoridad moral necesaria para ejercer la cabeza del poder judicial nacional, y que tantas veces parecen favorecer a quien mejor paga y más poder tiene. Todo esto le hace mal a la república, a la democracia e incluso a la paz social, y por eso mismo exige una atención correctiva por parte de las instituciones regladas por la Constitución Nacional”.
A pesar de que integrantes del Poder Ejecutivo apoyan y convocan a la marcha, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti había señalado: “El Gobierno no toma postura sobre la marcha del 1 de Febrero. Pero cree, en relación al sistema de justicia, que es necesario una reforma integral para mejorar la justicia argentina”.
Pero ayer a la noche, en una entrevista con C5N, Alberto Fernández manifestó: “La marcha de mañana es una marcha ciudadana. Hay que entender que, en una República, cada Poder se expresa por un instrumento. El Poder Ejecutivo en decretos, el Poder Legislativo en leyes y el Poder Judicial en sentencias. Todos estos son actos de Gobierno y, como tales, son públicos. Y, como son públicos, son susceptibles de ser cuestionados. Nadie tiene que molestarse porque un número ‘x’ de ciudadanos vaya y reclame a la Justicia que los actos de Gobierno no se están adecuando a la Justicia. Nadie tiene que molestarse con eso. Es más, tendrían que prestar atención y corregir lo que hay que corregir”.
La movilización, por otra parte, es criticada, por ejemplo, por la Asociación de Fiscales que cuestionó duramente dichos recientes de los funcionarios del Poder Ejecutivo. “La independencia de los magistrados es una obligación de la República, y su vigencia es impuesta por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. En este sentido, es obligación de los otros poderes del Estado respetarla y afianzarla, sin que ello implique la imposibilidad de auditar, con criterios objetivos y ya determinados por la ley, que contengan y respeten la autonomía de cada magistrado”, manifestaron en un comunicado.
El Colegio de Abogados de la Cuidad de Buenos Aires (CACBA) se había manifestado en contra de la marcha empujada por sectores del gobierno nacional. “El ataque sistemático al Poder Judicial resulta un evidente artilugio demagógico para sembrar la duda en la población acerca de si los jueces son independientes o no, cuando lo que resulta institucionalmente correcto es que se ejerciten los mecanismos constitucionales para juzgar -en su caso- la conducta de estos jueces que se invocan como inidóneos para el ejercicio de la magistratura”, decía el concepto más fuerte del comunicado publicado la semana pasada.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) también se manifestó en contra de la marcha del “1F”:”El reconocimiento a la dignidad de la Justicia y en particular de la Corte Suprema y sus autoridades, es la base de la convivencia civilizada y un requisito institucional indispensable para encaminar a nuestro país en la senda del desarrollo económico y social sostenido”, dijeron los empresarios en un comunicado.
Diputados y dirigentes de Juntos por el Cambio remarcaron que la marcha se trata de un “claro intento desestabilizador a uno de los poderes constituidos por el Estado”. “Este apriete a la Corte es porque las cosas no salen como Cristina Kirchner quiere. Es un acto golpista. Es querer voltear al Máximo Tribunal de nuestro país. No se puede atentar contra la Corte”, sostuvo Patricia Bullrich, presidenta del PRO en declaraciones radiofónicas.
Por su parte, el titular del bloque de diputados nacionales del radicalismo, Mario Negri, calificó de “grave” el aval del oficialismo a la marcha contra la Corte. “Lo único q falta es que la encabecen Alberto y Cristina. Falta que le digan que se manden a mudar los jueces de la corte porque no le gustan sus fallos”, criticó el diputado.
Legisladores provinciales de todo el país, nucleados en el Foro Federal de Legisladores del PRO, expresaron su repudio a la marcha. “El kirchnerismo no entiende la división de poderes ni respeta la constitución. Estamos frente a otro de sus atropellos, que atenta contra la justicia argentina y no podemos permitirlo…están muy preocupados por controlar a los jueces y tribunales donde se tramitan las causas de corrupción que afectan a funcionarios y exfuncionarios de la década kirchnerista”.
La marcha del “1F” tendrá su epicentro a las 18 de hoy en la Plaza Lavalle frente al Palacio de los Tribunales donde tiene su sede la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero se replicará en otras ciudades del interior, según hicieron saber los organizadores.
Fuente: Infobae
