Mientras el Gobierno aguarda para enviar el acuerdo con el FMI al Congreso, este lunes salieron a la luz algunos de los detalles que forman parte de la letra chica en la que trabaja el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán, y que prevé el análisis de la situación del sistema previsional, así como un control en las transferencias a las provincias.

Según publicó Bae Negocios, el borrador de un paper en el que trabaja Guzmán plantea la posibilidad de realizar un estudio “que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo del sistema previsional”.

En diálogo con AM750, el periodista Sebastián Premici explicó que entre la letra chica del acuerdo con el paper se busca además “prestar especial atención a la evaluación de los regímenes especiales y a los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral”.

Bajo la categoría “otros gastos pendientes”, el Gobierno planteó la necesidad de racionalizar determinadas erogaciones con el objetivo de liberar recursos para usos prioritarios. En este contexto, se pone la lupa en el sistema previsional.

Además, se pretende “limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales y administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con la mejora de la actividad”. También se plantea que la pauta de la evolución salarial del sector público se ajuste a la evolución del producto.

En el texto, el gobierno se compromete a avanzar con leyes de promoción de inversiones para la agroindustria, hidrocarburos y automotrices. Además, lo hará con modificaciones en Defensa de la Competencia, el régimen penal cambiario y la normativa contra el lavado de activos.

En el capítulo “política monetaria y cambiaria”, el Poder Ejecutivo se comprometió a mejorar el marco de sanciones con la autorización de multas administrativas “para hacer más eficiente el marco de sanciones y mejorar la oportunidad de aplicación de las medidas de control”.

“La propuesta de modificación al régimen penal cambiario se presentará al Congreso a más tardar en diciembre de 2022. Además, se examinará la posibilidad de ampliar las facultades del BCRA para regular y supervisar un conjunto más amplio de transacciones que afectan a la balanza de pagos de Argentina”, puede leerse.

El preacuerdo prevé el trabajo en conjunto con el Banco Mundial, el BID y el FMI. Como en la década del 1990, la “ayuda social focalizada” estará bajo análisis en conjunto con los “bancos de desarrollo”.

Lavado de activos

En el borrador, el Gobierno también se comprometió a modificar la legislación vinculada al lavado de activos. Se pondría foco en el fortalecimiento del régimen sancionatorio. También en el registro de las entidades declarantes sujetas a las obligaciones de las normas antilavado.

El compromiso asumido es presentar los cambios normativos en abril de este año para que puedan ser analizados durante el período de sesiones ordinarias.