La Corte Suprema suspendió hace días dos procesos democráticos a cinco días de elecciones en San Juan y Tucumán.

En un movimiento que sacude el proceso democrático, tres miembros del máximo tribunal (Lorenzetti está en Roma) cuyos jueces están bajo investigación por la Cámara de Diputados – por irregularidades en el manejo de los fondos de la obra social judicial-  definió fallar a favor de las demandas presentadas por la oposición en ambas provincias, que solicitaron medidas cautelares urgentes para frenar las elecciones. Ahora, la Corte exige informes que deberán ser respondidos en un plazo de cinco días, subrayando la gravedad de la situación.

La decisión, respaldada por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, generó un intenso debate en el país. En este contexto, el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez manifestó que la decisión de los tres ministros de la Corte “genera un daño gravísimo al sistema desde el punto de vista constitucional”.

“La CSJ está habilitada para dictar estas medidas cautelares aunque tengan una argumentación escuálida en relación a lo que resuelven. El problema es el manejo político que hace el tribunal de un instrumento jurídico válido”, agregó Gil Domínguez.

Y aseveró que “suspender preventivamente una elección de autoridades provinciales a 5 días de su realización, cuando sobró tiempo para resolver el fondo de la cuestión, genera un daño gravísimo al sistema democrático argentino y pone en crisis la argumentación jurídica utilizada”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Domingo Rondina consideró que “hay cuestiones procesales cuestionables”.

Para el especialista, “que la Corte abra su mesa de entrada y reciba a cualquier vecino y meta un amparo es grave. En la discusión de fondo creo que tienen razón por esas candidaturas pero lanzarlo 5 días antes de la elección es un trastorno”, al que calificó como “dañino” para las instituciones.

“El caso debió tramitar en la Justicia Provincial, precisamente porque las Constituciones eran claras. Y nunca se puede disponer algo de esta magnitud por cautelar”, argumentó el letrado a través de sus redes sociales.

En ese sentido, interpretó que la Corte ya decidió: “La medida cautelar no se justificaba, siendo que podían correr un breve traslado para directamente sentenciar. Pero es más un acto político. Hace un mes que la Corte tenía el expediente de San Juan. Demoraron para solamente dictar cautelar el doble de lo que dispone la ley de amparo para terminar el caso. Hubieran causado menos daño a las instituciones y a su credibilidad si hubieran tramitado más ágilmente. Política”, explicó el letrado.