“El debate de la educación privada subvencionada: ¿a qué precio?”

Un informe del Observatorio Argentinos por la Educación (AE) arroja luz sobre los recursos que el Estado destina al sector educativo de gestión privada y el impacto socioeconómico de esta inversión. El análisis destaca la complejidad del sistema de subvenciones a la educación privada y plantea preguntas sobre su eficacia y equidad. 

El informe, titulado “Subvenciones a la educación privada: ¿para qué y para quiénes?”, examina en detalle cómo se determina la asignación de recursos a las escuelas privadas y revela que el 22% de los estudiantes del país asiste a escuelas de gestión privada con subvención, mientras que el 73% lo hace en instituciones de gestión estatal. Este análisis refleja la persistente desigualdad en el acceso a la educación, con un 5% en escuelas privadas sin subvención.

Desde el Observatorio plantean interrogantes cruciales sobre los objetivos difusos de la política de subvenciones a la educación privada. 

¿Busca realmente facilitar el acceso de las familias de bajos ingresos a escuelas privadas, o son los principales beneficiarios las clases medias que optan por la educación privada? 

Los críticos, entre ellos algunos especialistas y la Federación Universitaria Argentina, cuestionan la falta de claridad en los objetivos y señalan que la asignación de subvenciones se basa en criterios poco precisos.

El análisis de la distribución de recursos revela que, entre 2018 y 2021, algunas jurisdicciones aumentaron la proporción del presupuesto educativo destinado a transferencias al sector privado, mientras que otras lo redujeron. 

De acuerdo con el estudio, la Ciudad de Buenos Aires (39%), Córdoba (29%) y la provincia de Buenos Aires (26%) son los tres distritos con mayor proporción de alumnos en el sector privado subvencionado por el Estado. 

En este marco, los mayores incrementos de aportes se registraron en San Luis, Entre Ríos y Jujuy, mientras que Córdoba, La Pampa y Salta lideraron las reducciones. Este escenario plantea un desafío significativo para la equidad educativa y sugiere que la propuesta de “vouchers” de Milei podría agravar la desigualdad y debilitar aún más la educación pública.

Los datos del informe evidencian que el sistema de tres sectores (público, privado subvencionado y privado sin subvención) contribuye a la segregación social de las escuelas en base al nivel socioeconómico de las familias y si bien, el modelo permite al Estado educar a más alumnos con menos recursos, también implica que una parte de los gastos en educación la asumen las familias.