El Gobierno de Claudio Vidal va por la justicia. Buscan iniciar un juicio político contra los vocales del Tribunal Superior y así dar un mensaje a todo el Poder Judicial. Nuevos tiempos de conflicto y combate en la política de Santa Cruz. 

Pese a que no existen presentaciones realizadas en la Legislatura ni se mostraron documentos oficiales, el Vicegobernador de la Provincia, Fabián Leguizamón, adelantó que ya ingresó a la Legislatura un pedido de juicio político contra Paula Ludueña. El pedido habría sido impulsado por el mandatario Vidal por “mal desempeño de su función y omisión de los deberes de funcionario público”.

Desde el SER SANTA CRUZ acusan a la titular del máximo estamento judicial de Santa Cruz por supuestas irregularidades cometidas al tramitar expedientes y denuncias dentro del organismo. 

Según el actual gobierno de Santa Cruz el Tribunal Superior de Justicia habría paralizado un pedido de juicio político en 2018 contra el exjuez de Recursos de Caleta Olivia, Miguel Meyer; y el titular de la Fiscalía número uno ante los juzgados de primera instancia de esa localidad, Martín Sedán.

“La Dra. Ludueña tardó cinco años en cumplir con el primer acto procesal dispuesto por ley en un caso; mientras que en el otro, sólo esperó que el magistrado a quien debía juzgar se acogiera al beneficio de la jubilación”, expresó Leguizamón, y agregó “que deberá dar cuenta de su accionar, dar respuestas del por qué demoró la tramitación de una denuncia formulada en contra de dos funcionarios, de una denuncia que denotaba el accionar irregular cometido por dos funcionarios en el marco de un servicio de justicia que el TSJ debe controlar”.

Ahora se inicia la tramitación de la denuncia dentro de la Legislatura Provincial, que deberá evaluar el comportamiento de la Dra. Ludueña. 

Claudio Vidal demuestra con este accionar un apetito voraz por avanzar sobre las instituciones de la provincia y busca generar espacios que le permitan designar jueces que tengan una mirada más favorable a sus intereses para administrar la justicia en Santa Cruz.

El pedido de juicio político además aparece como una suerte de mensaje para el resto de la justicia, y  se presenta como una batalla política en el centro del poder de la provincia. Poco importan las causas reales y se habla más de formas y mensajes que de los hechos concretos.

Segundo Round 

Esta no es la primera denuncia que realiza el Gobierno de Santa Cruz contra jueces del Tribunal Superior de Justicia sino que puede inscribirse en una serie de maniobras que comenzaron apenas asumió Claudio Vidal. Desde los primeros discursos como gobernador y las primeras entrevistas, el mandatario apuntó sus cañones contra el Poder Judicial de Santa Cruz exigiendo una depuración y acusando a las máximas autoridades de cometer hechos de corrupción.

Recientemente el Vice Gobernador Fabian Leguizamon dijo que también había comenzado el proceso en la Legislatura de Santa Cruz para destituir al Dr. Basanta, miembro del Tribunal Superior de Justicia, por supuestos hechos de corrupción y acciones violatorias de la Constitución. 

En reiteradas oportunidades desde el Gobierno de Vidal se apuntó contra los jueces, se los acusó de formar una especie de grupo cerrado para garantizar la impunidad en la provincia y de ser parte de una Casta o Familia Judicial. 

Las acciones en muchos casos no van por el mismo carril que las palabras porque también se registran maniobras por parte del Gobierno de Vidal para proteger a los intendentes amigos, como es el caso de Jorge Soloaga, que pese a estar procesado en una causa por abuso sigue ejerciendo como Comisionado de Fomento sin que le preocupe el tema a Vidal ni a Leguizamon. 

Tampoco parecen incomodar a las autoridades provinciales las numerosas denuncias que existen, ni los procesamientos contra Fernando Españon, ex intendente de 28 de noviembre, que está procesado por falsificación. Al parecer existen distintas reglas para medir las acciones de unos y otros funcionarios en Santa Cruz.