Eximir de Impuestos a Universidades Públicas: Un Paso Necesario, Pero sin Condicionamientos
Apoyo a la Exención de Pagos, pero Críticas a la Propuesta de Carreras Prioritarias del Diputado Españón
Río Gallegos, 21 de mayo 2024.- Esta mañana, en la 5ta comisión ordinaria de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, se debatió el proyecto 027/2024, que propone eximir del pago de servicios a las Universidades Públicas Nacionales ubicadas en la provincia. Mientras la exención de impuestos es vista favorablemente, la idea de condicionar esta medida a la implementación de carreras prioritarias ha generado controversia.
El Bloque por Santa Cruz, a través del Diputado Fernando Españón, presentó una enmienda que sugiere que las universidades deben comprometerse a ofrecer carreras específicas para el desarrollo económico de la región y cursos acreditados para trabajadores de la administración pública, a cambio de la eximición de impuestos y servicios.
El Diputado Españón argumentó que su propuesta tiene el objetivo de incluir carreras como Ingeniería en Petróleo, actualmente no disponibles, que beneficiarían la economía local. “Muchos jóvenes que desean continuar sus estudios universitarios deben migrar hacia otras provincias, con el esfuerzo económico y el desarraigo que ello implica,” señaló Españón.
Sin embargo, la comunidad educativa y varios expertos han expresado su preocupación respecto a este condicionamiento. Eximir a las universidades públicas del pago de servicios es una medida aplaudida, ya que alivia las finanzas de estas instituciones y permite una mayor inversión en calidad educativa e infraestructura. No obstante, forzar a las universidades a ajustar su oferta académica a cambio de este beneficio es visto como una injerencia inadecuada en su autonomía.
Condicionar la exención a la implementación de carreras específicas podría desviar a las universidades de su misión principal de educación y formación integral. Las decisiones sobre qué carreras ofrecer deben basarse en criterios académicos y científicos, no en presiones políticas o económicas. Esta imposición podría limitar la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades y aspiraciones diversas de sus estudiantes.
Además, la propuesta incluye la creación de una comisión de seguimiento, compuesta por representantes del Poder Ejecutivo Provincial, para supervisar los convenios firmados. Esto ha suscitado temores sobre una posible burocratización y politización de la educación superior, lo que podría comprometer aún más la autonomía universitaria.
En conclusión, mientras la exención de impuestos y servicios a las universidades públicas es un paso positivo para fortalecer la educación superior en Santa Cruz, el condicionamiento a la oferta de carreras específicas es una medida que podría tener consecuencias negativas. La comunidad educativa y diversos sectores piden una reconsideración de esta propuesta, destacando la importancia de mantener la autonomía y la libertad académica de las universidades.
