Santa Cruz: Un Nuevo Episodio de Avasallamiento Institucional
El Gobierno de Santa Cruz vuelve a ser el centro de atención por un nuevo embate inconstitucional contra el organismo de control externo. En esta ocasión, el foco está en la destitución de las autoridades actuales del Tribunal de Cuentas, un movimiento que sigue al sorpresivo abandono del cargo por parte del ex presidente del organismo.
Este jueves, la Legislatura Provincial se dispone a sancionar una norma cuya inconstitucionalidad ha sido ampliamente denunciada. Este proyecto de ley parece ser la culminación de una campaña iniciada contra los miembros del Tribunal de Cuentas, organismo encargado de fiscalizar la gestión del propio gobierno provincial. Los métodos utilizados incluyen denuncias penales y solicitudes de juicios políticos que también son considerados inconstitucionales, además de sucesivos intentos de reforma legislativa con el único propósito de remover a los actuales controladores de la gestión del gobernador y su vicegobernador.
A pesar de las múltiples y enfáticas objeciones provenientes de esferas políticas e institucionales, tanto nacionales como internacionales, el oficialismo parece decidido a violar la propia constitución provincial. En una reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, el Dr. Sergio Oste, presidente del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas y Organismos Públicos de Control de la República Argentina, destacó dos puntos cruciales sobre las consecuencias de la reforma propuesta. En primer lugar, Oste señaló que la modificación haría que el Tribunal de Cuentas, el órgano de control, quedase subordinado a la voluntad del Poder Ejecutivo, el organismo que administra los fondos públicos. Esto es “inadmisible en el contexto nacional e internacional” y conceptualmente implicaría la desaparición del Tribunal de Cuentas como órgano de control externo, un caso único entre los 50 estados subnacionales de la región.
Además, Oste subrayó el compromiso de Argentina con la Convención Internacional de la Lucha contra la Corrupción, la cual exige que los órganos de control tengan la independencia necesaria para ejercer sus funciones de manera eficaz y sin influencias indebidas. La estabilidad de los miembros del órgano de control y su independencia son esenciales para el cumplimiento de estos compromisos.
En esta misma línea, el Dr. Stoessel, ex vocal del Tribunal de Cuentas propuesto por el Partido Radical, también criticó el proyecto, argumentando que pone en duda la independencia del organismo. Sin embargo, el oficialismo ya tenía preparado un proyecto con modificaciones superficiales, las cuales ni siquiera fueron comunicadas previamente a los oradores.
La preocupación por esta situación institucional no se limita a Santa Cruz. En la Primera Reunión Anual del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas y Organismos Públicos de Control de la República Argentina y la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del MERCOSUR, llevada a cabo en Santa Rosa, La Pampa, a finales de abril, se destacó la problemática de Santa Cruz. Allí, el presidente del Secretariado reiteró que “los organismos de control deben ser independientes de los poderes del Estado, porque su único jefe es la ley. La sociedad demanda sometimiento a la ley, no acomodarla según la conveniencia del poder circunstancial”.
Para agravar la situación, en la misma sesión en que se votará el controvertido proyecto, se aprobará el pliego enviado por el oficialismo, bajo la normativa actual que el propio gobierno considera inconstitucional, para designar a la cuñada del Ministro de Gobierno, quien además no cumple con los requisitos establecidos en el proyecto que impulsa el ejecutivo.
Este panorama deja en evidencia un preocupante avasallamiento de la independencia de los organismos de control y plantea serios cuestionamientos sobre el respeto a la legalidad y la institucionalidad en la provincia de Santa Cruz.
