Crece el descontento por el abrupto final de un fondo ovino

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) alertó sobre “efectos devastadores en la actividad”

Luego de la decisión del Gobierno de dar de baja el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), creado por la ley 25.422 de ganadería ovina de 2001, que beneficiaba a productores de todo el país, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) alertó que la medida termina siendo “un pecado” y “una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de la producción patagónica″. Además pidió un encuentro con las autoridades nacionales para volver a poner en funcionamiento el sistema. Ayer LA NACIÓN contó el enojo que el tema generó entre los productores.

A través de un comunicado, la entidad indicó que la Ley Ovina ha sido una herramienta para el crecimiento y la formalidad de las majadas, la mejora genética y de infraestructura. Recordaron también que esta actividad es de alto involucramiento social y familiar, natural y netamente renovable.

“Dentro del paquete de la Ley Bases aprobada recientemente se ubicó a la Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina (más conocida como Ley Ovina) en la bolsa de los fideicomisos supuestamente truchos y su derogación termina siendo una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de la producción patagónica”, dijo CRA. Agregó: “Definitivamente, su derogación es un pecado que, de no corregirse, puede acarrear efectos devastadores en la actividad”. 

En la entidad argumentaron que “la justificación actual para archivar esta ley y hacer desaparecer su financiamiento denota el típico desconocimiento del centralismo que no tiene la capacidad de ingresar minuciosamente a los territorios profundos para ver cómo una excelente herramienta pudo transformar y hacer crecer la actividad ovina en el país”.

El Ministerio de Economía manifestó en un comunicado que las auditorías realizadas registraron importantes fallas en la gestión del fondo y un incumplimiento de los objetivos perseguidos, en desmedro de la protección de los recursos públicos asignados a este régimen. El FRAO es el quinto fondo fiduciario que se cierra por estos motivos, según especificaron.

En CRA respondieron que, más allá de que “todo puede mejorarse”, entienden que “el mecanismo que imprimía esta Ley era transparente”.Pusieron como ejemplo que cada provincia contaba con una coordinación provincial y una UEP (Unidad Ejecutora Provincial) integrada por organismos técnicos, estamentos oficiales y productores. A su vez, sostuvieron que los proyectos presentados debían ser realizados por profesionales habilitados.

“Se realizaba una evaluación técnica legal y administrativa; los fondos aprobados eran abonados directamente al proveedor del insumo que corresponda, sean estas compras de animales o infraestructura, y anualmente se realizaban informes de gestión por los proyectos aprobados y rendidos”, indicaron.

En la entidad mencionaron que para entenderlo, es indispensable poner la producción ovina en contexto. “La política económica de los últimos años produjo la descapitalización del sector y la falta de rentabilidad y para colmo, la derogación llegó en medio de una crisis climática casi sin precedentes”.

Recordaron que la Patagonia produce el 72% de la lana total del país y de la cual el 90% de su producción es lana fina. Además, posee el 58% de las existencias del país con casi 7 millones de ovinos, esto representa el 33% del territorio nacional. “Sin producción ovina no hay ocupación territorial”, puntualizaron.

En esa línea, dijeron que los montos destinados a Patagonia en el último año fueron de 302 millones. Esto significa que fueron 33.000 pesos por productor o 45 pesos por animal, y el 90% de los proyectos aprobados y pagados son préstamos y, por lo tanto, con devolución, no son subsidios.

“Resulta imperioso generar un encuentro con las autoridades nacionales para que entiendan la trascendencia de volver a poner en funcionamiento la Ley Ovina. Estamos de acuerdo en buscar mejores mecanismos de apoyo a la producción, estamos de acuerdo en trabajar en forma conjunta el sector público y privado para darle sustentabilidad a la producción ovina, para posicionarla como la cuarta carne de la cadena argentina, mientras la industria de la lana se repotencie en la Patagonia, su lugar natural. Pero no compartimos y seguiremos bregando al respecto en eliminar un fondo tan determinante con argumentos que no se condicen con la realidad”, cerraron.

FUENTE: LA NACIÓN