Corrupción en Santa Cruz: grave denuncia contra dos ministras por irregularidades en la compra de leche
Una investigación expone serias irregularidades en la compra de leche destinada al programa “Crecer con Sabor” de Santa Cruz. La denuncia, presentada por la Dra. Karina Paola Saul, vocal del Tribunal de Cuentas, apunta a un esquema de corrupción liderado por el Ministerio de Desarrollo Social, con el aval del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura. Las ministras Jazmín Macchiavelli y Marilina José Jaramillo son señaladas por su responsabilidad conjunta en la aprobación de un contrato plagado de irregularidades.
Un proceso amañado desde el inicio
El expediente N° 212.836/MDSII/2024 revela cómo se adjudicó la compra de 75.000 cajas de leche por $359 millones a la empresa Forain S.A., a pesar de que los informes técnicos originales descalificaban su oferta. La nutricionista Gisel Bogado había advertido que la leche marca “Quelech” no cumplía con los requisitos nutricionales exigidos, pero su informe fue removido y sustituido por otro, firmado por la Dra. Silvana Cáceres, que inexplicablemente indicaba que el producto sí cumplía, a pesar de no ser de primera calidad como lo requería el pliego.
La complicidad de las ministras
La denuncia resalta que tanto la ministra de Desarrollo Social, Jazmín Macchiavelli, como la ministra de Economía, Marilina Jaramillo, tuvieron un rol central en las decisiones que llevaron a la adjudicación fraudulenta. Macchiavelli firmó la autorización de la compra y avaló un anticipo del 50% del contrato sin solicitar las garantías necesarias, lo que facilitó el pago de millones de pesos antes de recibir la totalidad del producto. Jaramillo, por su parte, también dio luz verde al anticipo, sin observar las irregularidades evidentes en el expediente.
A fs. 98 del expediente, Macchiavelli eleva la solicitud de pago anticipado a la ministra de Economía, quien, aunque no firmó directamente, delegó la autorización en el secretario de Hacienda, Carlos Pizarro, sin que se tomaran en cuenta las inconsistencias denunciadas. La falta de fojas clave (91, 92 y 93), que desaparecieron sin explicación, también fue ignorada.
Desorden administrativo y pagos sin control
Las auditorías realizadas por el Tribunal de Cuentas indican que el Ministerio de Desarrollo Social comenzó a solicitar presupuestos antes de recibir la aprobación oficial, violando la Ley de Emergencia Alimentaria N° 3850. Las ofertas recibidas incluían precios dispares, pero el ministerio optó por la oferta más costosa sin justificación. Incluso, se constató que se pagó el contrato en su totalidad, a pesar de que solo se había entregado el 20% de la leche pactada.
Las ministras, lejos de detener el proceso ante las claras señales de corrupción, autorizaron la contratación y el pago completo, lo que representa una grave violación de los deberes de funcionario público.
Forain S.A.: una empresa bajo sospecha
El caso de Forain S.A., la empresa adjudicataria, es otro foco de la denuncia. A pesar de no contar con antecedentes en la venta de alimentos y haberse registrado en este rubro poco antes de la licitación, fue seleccionada para proveer la leche del programa escolar. La empresa, vinculada al Grupo L del empresario Víctor Lusardi, ha sido previamente denunciada por sobreprecios y corrupción en otros contratos públicos.
Conclusiones alarmantes
El informe de auditoría final concluye que la contratación de Forain S.A. está plagada de irregularidades graves, desde la manipulación de los informes técnicos hasta la falta de notificaciones a los oferentes sobre el resultado de la licitación. La denuncia solicita que se investigue no solo a los funcionarios responsables, sino también la posible connivencia de los dueños de Forain S.A., quienes podrían haber estado involucrados en el fraude con la complicidad de las ministras Macchiavelli y Jaramillo.
Consecuencias legales
La Dra. Karina Saul ha solicitado la intervención de la Fiscalía para que se investiguen los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad, cohecho y adulteración de documentos públicos. Las pruebas aportadas en la denuncia y el informe del Tribunal de Cuentas dejan en evidencia un esquema que causó un perjuicio de más de $359 millones al erario público, afectando un programa esencial para la alimentación de los estudiantes de la provincia.
Este escándalo no solo pone en riesgo la credibilidad de los funcionarios involucrados, sino también el bienestar de miles de niños que dependen del programa “Crecer con Sabor”.
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