Inoportuna y costosa la creación de un Ministerio de Justicia en plena crisis económica
En medio de una situación económica crítica, donde la inflación golpea duramente y muchos de los empleados públicos de Santa Cruz sobreviven con salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica, el gobierno provincial avanza con la creación de un nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La medida ha generado sorpresa y malestar, ya que, en lugar de reducir el gasto público, se opta por ampliar la burocracia con una estructura que, en este contexto, parece innecesaria.
La decisión resulta difícil de justificar en un momento en el que el ajuste debería estar dirigido a paliar la crisis social y económica. Mientras miles de trabajadores estatales están por debajo de la línea de pobreza, ver cómo se destinan recursos a la creación de un ministerio para tareas que bien podrían ser absorbidas por las estructuras ya existentes, desconcierta. Se trata de una medida que no responde a las urgencias del día a día de la gente, sino más bien a una ampliación del aparato burocrático que solo genera más gasto.
El nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyas competencias incluyen la asistencia en temas judiciales, la actualización legislativa y la promoción de derechos humanos, es visto por muchos como una duplicación de funciones ya cubiertas por otras áreas del gobierno. La pregunta que surge es: ¿es prioritario sumar más ministerios cuando los recursos son escasos y las necesidades más urgentes están en mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores?
Mientras los empleados públicos deben hacer malabares para llegar a fin de mes, se sigue agrandando el Estado. Esta decisión no solo resulta inoportuna en términos de prioridades, sino que además aumenta la distancia entre los dirigentes y la realidad de miles de personas, que ven cómo sus necesidades más básicas quedan relegadas. En tiempos de crisis, la austeridad debería ser la guía, no el crecimiento de la estructura estatal.
El descontento entre los empleados públicos no es menor: ven cómo sus salarios se desvanecen ante la inflación, y mientras tanto, el gobierno parece más interesado en engrosar las filas de funcionarios que en brindar soluciones concretas.
PROYECTO DE LEY 501
