La red de contratos que favorece a Sano y Bueno en Santa Cruz

En Santa Cruz, una reciente licitación pública para la provisión de alimentos ha encendido las alarmas por sus posibles implicancias de corrupción y favoritismo. La empresa Sano y Bueno Catering S.A., conocida por sus vínculos políticos, parece ser la gran beneficiada de un pliego de condiciones hecho a medida, que excluye a posibles competidores y consolida su dominio en el lucrativo negocio de la alimentación estatal. La sospecha de corrupción es cada vez más palpable, dado el historial de la firma en contrataciones con el Estado y las conexiones con figuras del poder.

Condiciones excluyentes que favorecen a una sola empresa

El proceso de licitación establece condiciones que a simple vista podrían parecer criterios de calidad, pero que en la práctica funcionan como barreras diseñadas para asegurar que solo una empresa cumpla con los requisitos. En particular, el punto 31 del pliego que dice lo siguiente:

SISTEMA DE CALIDAD: El oferente deberá contar con un Sistema de calidad y poseer las siguientes certificaciones certificado de calidad IRAM o ISO 9001/2015 vigente. Excluyente, Sistema de Gestión para la Prevención del Fraude Norma IRAM 17450 (Versión 2005); Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 (versión 2015); Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 (versión 2018); e ISO 22000: (versión 2018).

El patrón de contrataciones sin competencia: ¿corrupción o coincidencia?

Sano y Bueno no es una desconocida en los contratos públicos. Desde hace años, ha consolidado su posición en el mercado a través de adjudicaciones directas y licitaciones diseñadas para excluir a otros proveedores, permitiéndole un control casi absoluto sobre la provisión de alimentos en el Estado. Su relación con personajes influyentes del sindicalismo y de la política, como el sindicalista Luis Barrionuevo y su hija, Sandra Barrionuevo, ha fortalecido su red de influencia, asegurándole contratos de alto valor con el Estado.

Este tipo de maniobras ha sido denunciado en otras ocasiones: el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) otorgó a Sano y Bueno un contrato de $36 millones en mayo, junio y julio de 2020 para la entrega de 30.000 bolsones de alimentos, con un costo de $1.200 por bolsón. El precio fue justificado mediante un “relevamiento de precios minoristas” que incluía ejemplos de productos que no coincidían con los alimentos entregados, lo que plantea dudas sobre la veracidad de los costos declarados y sugiere un sobreprecio encubierto.

Además, la reciente incorporación de Felipe Álvarez como Secretario de Estado de Mediación y Asuntos Estratégicos en Santa Cruz fortalece la posición de Sano y Bueno en la provincia. Aunque la figura de Álvarez es polémica, la verdadera cuestión radica en cómo su llegada facilita que empresas de su círculo cercano aseguren contratos millonarios, mientras las pymes locales quedan fuera. La conexión entre los funcionarios y las empresas contratistas abre la puerta a posibles maniobras de corrupción, donde el Estado paga precios inflados por servicios cuya calidad no siempre está garantizada.

El modus operandi: licitaciones manipuladas y “legítimo abono”

Los cuestionamientos a Sano y Bueno incluyen prácticas de manipulación en el esquema de contrataciones. Algunas investigaciones periodísticas ya han denunciado que estas empresas suelen operar bajo un sistema de “legítimo abono”, una modalidad que les permite fijar precios sin competencia real, justificando los valores con relevamientos de precios poco transparentes. En el caso de los bolsones de alimentos contratados en 2020, el IVC defendió el precio de $1.200 por unidad, aunque los productos que figuran en el contrato no coincidían con los que realmente se entregaron a las familias.

Corrupción estructural: el verdadero problema detrás de Sano y Bueno

La situación con Sano y Bueno no se trata solo de favoritismo, sino de una posible red de corrupción donde empresas privilegiadas logran contratos millonarios sin una competencia genuina, a menudo bajo condiciones que encubren sobreprecios o productos de baja calidad. La falta de transparencia en estos contratos sugiere que se están utilizando fondos públicos para beneficiar a empresas cercanas a ciertos funcionarios, lo que no solo perjudica la economía del Estado, sino que además limita el acceso a mejores condiciones para los usuarios finales del servicio.

La combinación de licitaciones restrictivas, contratos millonarios sin competencia y conexiones políticas plantea una pregunta clave: ¿se están utilizando los recursos públicos para beneficiar a la sociedad, o solo a un grupo reducido de empresarios y funcionarios? La situación de Sano y Bueno en Santa Cruz se convierte en un caso testigo sobre cómo la corrupción y el favoritismo pueden infiltrarse en las contrataciones estatales, perjudicando tanto al Estado como a la transparencia democrática.