Denuncian Violación de Derechos de Niños y Adolescentes en Hogar de Santa Cruz

Un operativo del Gobierno de Santa Cruz en la Casa Valdocco, en Cañadón Seco, ha generado fuertes críticas y denuncias por parte del padre Juan Carlos Molina, quien asegura que la intervención del Estado representó una grave violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en situación de vulnerabilidad. La situación fue puesta en conocimiento de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, en una carta que detalla el accionar de las autoridades provinciales.

El operativo, realizado el 6 de noviembre, involucró la presencia de un numeroso grupo de funcionarios, incluidos el Ministro de Seguridad, la Ministra de Educación, la Ministra de Salud, y la Ministra de Desarrollo Social, acompañados por móviles policiales y perros, que irrumpieron en la residencia sin previo aviso. Según el sacerdote, esta acción intimidó y aterrorizó a los niños y adolescentes que viven en la institución. Las autoridades alegaron razones desconocidas para esta intervención, sin embargo, no brindaron una explicación clara sobre el propósito de su presencia, ni se trató de una respuesta a denuncia alguna, según Molina.

A esta situación se suma que, un día antes, los encargados de la institución habían recibido un requerimiento de documentación exhaustivo, al cual respondieron en un plazo de seis horas, aportando toda la información solicitada, incluyendo permisos de los padres y un listado completo de los residentes. Molina destaca que el desconocimiento mostrado por los funcionarios sobre la trayectoria de la institución –que lleva más de 24 años de trabajo continuo en la región y colaboración con diversos organismos– resulta llamativo, especialmente en el contexto de una entidad con un historial de puertas abiertas para conocer sus actividades y necesidades.

La situación ha sido calificada como “traumática, victimizante y judicializante” para los menores. La intervención fue percibida por la comunidad como una acción de sesgo persecutorio y una violación de las normativas que protegen los derechos de los niños y adolescentes, exponiéndolos a una experiencia de estrés y vulnerabilidad extrema.

Además, Molina denuncia un presunto exceso y abuso de autoridad, y cuestiona la continuidad de la “cacería” por parte del Ministerio de Trabajo, al que se le negó el ingreso para proteger la integridad de los menores. Esta situación, afirma, amenaza el funcionamiento de la institución y, de persistir, podría llevar al cierre de la Casa Valdocco, afectando a más de 700 niños y adolescentes y sus familias en situación de vulnerabilidad en la provincia.

Finalmente, Molina solicitó una revisión urgente de los procedimientos gubernamentales y una intervención de la Defensoría Nacional para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse, en defensa del bienestar y derechos de los menores en la región. La carta cierra con un llamado a la reflexión sobre el impacto de estas acciones en la vida de los niños y la continuidad de una institución que ha sido un refugio para muchos en situaciones de alta vulnerabilidad.