La reciente intervención de la provincia de Santa Cruz en la Fundación Valdocco desató una intensa polémica. En un sorpresivo operativo, que incluyó la presencia de perros antidroga en un hogar destinado al cuidado de niños, las autoridades provinciales parecen haber cruzado una línea delicada, generando críticas sobre el modo en que se está manejando este caso.
Más allá de las irregularidades administrativas que podrían estar bajo análisis, el método empleado por el Estado en esta ocasión dejó entrever un accionar que, para muchos, roza lo desmedido y atenta contra la integridad y el bienestar de los menores involucrados.
¿Garantizar derechos o vulnerarlos?
El marco de la Ley Nacional 26.061 y la Convención sobre los Derechos del Niño coloca como principio rector la prioridad absoluta de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el ingreso de efectivos policiales acompañados de perros entrenados en narcóticos, en lo que debería ser un espacio de contención y protección, genera una sensación de revictimización.
Esta acción, que podría interpretarse como una muestra de fuerza más propia de operativos de seguridad que de la protección integral de derechos, despierta dudas sobre la proporcionalidad y sensibilidad del procedimiento. Para muchos, se trata de un accionar incompatible con el bienestar de los menores, quienes además de enfrentar vulnerabilidades propias, ahora deben lidiar con el impacto psicológico de estas intervenciones.
El enfoque punitivo: un debate necesario
Desde el Ejecutivo provincial, se insiste en que las acciones buscan garantizar transparencia en el uso de recursos públicos y el cumplimiento normativo. Sin embargo, cabe preguntarse si no existe un modo más adecuado de abordar este tipo de investigaciones. La imagen de una casa que alberga a niños inspeccionada bajo la lupa policial genera inevitables tensiones en la opinión pública y plantea un interrogante ético sobre el rol del Estado.
La búsqueda de claridad y la fiscalización de recursos son esenciales, pero deben ir acompañadas de un enfoque humano y respetuoso que no amplifique las dificultades de quienes ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Si bien se puede entender la necesidad de garantizar el uso correcto de los fondos públicos, este proceder parece haber olvidado un principio fundamental: la protección emocional y psíquica de los niños.
La Fundación, en el centro de la tormenta
La Fundación Valdocco, que trabaja hace años en el cuidado y la rehabilitación de menores en contextos difíciles, enfrenta una investigación que muchos consideran desproporcionada. Las críticas al operativo en su contra no solo provienen de quienes defienden su labor, sino también de sectores que ven en estos procedimientos una escalada innecesaria que daña la imagen y el trabajo de una institución que, en el fondo, busca hacer el bien.
Mientras tanto, quienes apoyan a la fundación señalan que, en lugar de perseguir y estigmatizar, el Estado debería enfocar sus esfuerzos en colaborar con estas organizaciones, fortaleciendo sus capacidades y garantizando la transparencia de manera conjunta y respetuosa.
Es indudable que el Estado tiene la obligación de supervisar las instituciones que reciben recursos públicos. No obstante, esa supervisión debe ejercerse con prudencia, asegurando que las acciones tomadas no se conviertan en un factor de mayor daño para los menores involucrados.
La Fundación Valdocco y otras organizaciones similares son un refugio para muchos niños que no tienen otro lugar al cual recurrir. Si la intención del gobierno provincial es realmente garantizar derechos y bienestar, es crucial que revise el tono y los métodos de sus intervenciones, evitando que estas se perciban como un acoso más que como un intento de construir un sistema más transparente y justo.
En este caso, proteger los derechos de los niños no solo implica revisar papeles y balances, sino también garantizar que las acciones del Estado no terminen desmoronando la confianza y la estabilidad de los mismos espacios que dicen querer proteger.