La gestión del Gobierno de Santa Cruz esta en el centro de la polémica tras admitir que no puede garantizar el pago de sueldos ni aguinaldos en diciembre, una declaración que sorprendió por su contradicción con decisiones recientes que beneficiaron exclusivamente a funcionarios y diputados con aumentos salariales por más de un millón de pesos.
En un documento oficial, el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura reconoció que los recursos del Tesoro Provincial están comprometidos por gastos y compromisos preventivos que inmovilizan las cuentas públicas, dejando al borde del incumplimiento las obligaciones básicas de pago a trabajadores provinciales.
Mientras el Gobernador insiste en discursos sobre austeridad y responsabilidad fiscal, aprobó incrementos discrecionales para altos cargos del Ejecutivo y legisladores, movimientos que hoy resultan difíciles de justificar ante la imposibilidad de cumplir con sueldos y el aguinaldo de fin de año.
Se derrumba el relato?
Desde el inicio de su mandato, el gobernador Vidal ha enfatizado en la necesidad de administrar los recursos con prudencia, apelando a un discurso de “equilibrio financiero” y “orden presupuestario”. Sin embargo, el reciente anuncio expone un manejo que priorizó aumentos para la casta política mientras se desatendía la base del sistema: los empleados públicos que sostienen el funcionamiento del Estado.
El comunicado del Ministerio instruye, además, a los organismos administrativos a desautorizar compromisos preventivos que no puedan ejecutarse en lo que queda del año, una medida que parece más un parche que una solución definitiva. Esto no resuelve el hecho de que los recursos disponibles son insuficientes para cubrir las obligaciones más esenciales.
El panorama es aún más contradictorio si se tienen en cuenta los recientes aumentos otorgados a funcionarios y legisladores provinciales, que superan ampliamente los incrementos salariales aplicados al resto de los trabajadores estatales. Estos ajustes, que se definieron sin grandes anuncios, ahora contrastan con la declaración de que no hay fondos suficientes para cumplir con el aguinaldo, un derecho adquirido que miles de familias esperan para cerrar el año.
Las proyecciones del gobierno no alcanzan a explicar cómo se llegó a este punto. Mientras se anunciaban estos incrementos en los niveles superiores, las cuentas de la provincia no mostraban signos de fortalecimiento ni de medidas concretas para garantizar el equilibrio financiero.
Un fin de año incierto, el gobierno de Santa Cruz enfrenta ahora una presión creciente por responder a esta contradicción: por un lado, la proclamada austeridad, y por otro, las decisiones discrecionales que beneficiaron a pocos en detrimento de las mayorías. La imposibilidad de pagar sueldos y aguinaldos no solo es un golpe económico para miles de trabajadores, sino también un quiebre en el relato oficial que buscaba posicionar a la provincia como un modelo de gestión ordenada.
El contraste entre los discursos y la realidad financiera plantea preguntas inevitables sobre las prioridades de la administración. En este escenario, lo que queda en evidencia no es solo un déficit de recursos, sino también de coherencia.
El Gobierno de Santa Cruz anuncio hace menos de un mes un ambicioso plan de obras públicas que incluye la construcción de 1.000 viviendas en toda la provincia,
Las viviendas se construirán en series de 56 unidades y estarán acompañadas de obras esenciales como la instalación de redes de gas, agua potable y la iluminación de las calles. Además, el plan contempla la construcción de un nuevo Centro Integrador Comunitario (CIC) de aproximadamente 460 m²,
En el ámbito educativo, se prevé la construcción de un jardín de infantes, una escuela primaria y una secundaria.
Asimismo, se realizarán refacciones en 50 escuelas de Río Gallegos, mejorando sistemas de calefacción, electricidad, iluminación y agua.
En el sector de la salud, se llevará a cabo la remodelación integral de las guardias del Hospital Regional de Río Gallegos, tanto la pediátrica como la principal, abarcando una superficie total de 824 m². Además, se ampliará el área de Hemoterapia, aumentando la capacidad de atención.
Ahora la pregunta que nos hacemos es, En menos de un mes del grandilocuente anuncio el gobierno se quedó sin fondos, los cuales no alcanzarían para pagar a los trabajadores provinciales?
O el gobierno hizo este anuncio acorralado por la compra millonaria en equipamiento y vehículos que realizo Grasso, sabiendo que no tenía los fondos para hacer frente a tamaña inversión