La figura de Mirtha Fabiana Miranda, directora de Informática de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, está en el ojo de la tormenta tras denuncias que exponen un entramado de irregularidades y presuntos conflictos de interés en el manejo de cargos y contratos dentro del ámbito público provincial.

Cargos simultáneos y facturación dudosa

Miranda no solo ocuparía un cargo político en la Legislatura, sino que también sería empleada de planta permanente del Poder Judicial y trabajaría en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). Según las denuncias, esta acumulación de funciones viola las normativas vigentes, específicamente la Ley de Ética Pública, que prohíbe a los empleados públicos realizar actividades económicas que puedan comprometer su imparcialidad.

Lo más alarmante es que, además de su sueldo como empleada judicial, Miranda facturaría como monotributista a la Cámara de Diputados por un servicio de “asesoría informática”. Este contrato, paradójicamente, estaría registrado bajo un convenio de publicidad, generando serias dudas sobre la naturaleza de sus funciones y los fondos asignados.

A esto se suma un dato que enciende aún más las alarmas: en enero de este año, Miranda se habría inscripto como monotributista en la ex AFIP y emitiendo su primera factura por 500 mil pesos. Sin embargo, en apenas diez meses, ese monto se duplicó. En octubre, la funcionaria emitió una factura por 1 millón de pesos, respaldada por los incrementos otorgados por el secretario administrativo de la Legislatura, a los contratos políticos de su sector.

Incompatibilidades y conflicto de intereses

La situación se agrava al considerar que, como empleada judicial, Miranda debería garantizar una conducta ética e imparcial. Sin embargo, al recibir un pago adicional desde otro poder del Estado, su capacidad para actuar con objetividad queda seriamente cuestionada.

¿Es ético que alguien con responsabilidades judiciales reciba una remuneración adicional de otro estamento estatal? ¿Cómo logra Miranda cumplir con tres empleos simultáneos que exigen dedicación completa? Estas preguntas surgen en medio de una creciente indignación pública.

Investigación en curso

El Tribunal de Cuentas de la provincia ya inició una investigación para determinar si existen irregularidades administrativas en los contratos de Miranda y su desempeño en cargos incompatibles. Además, la relación de confianza que mantiene con el vicegobernador, quien habría facilitado su rol como directora de Informática, pone en tela de juicio la transparencia en el manejo de designaciones políticas dentro de la Legislatura.

Un sistema que favorece la impunidad

Este caso expone una problemática estructural: el abuso de los recursos públicos y la falta de control en la designación y supervisión de los cargos políticos. Miranda no es solo un nombre en un organigrama, sino el reflejo de un sistema que parece diseñado para alimentar privilegios a costa del erario público.

La ciudadanía exige explicaciones. ¿Hasta cuándo seguirán las irregularidades amparadas por quienes deberían velar por el bienestar común? En Santa Cruz, la ética pública está bajo ataque, y el caso de Mirtha Fabiana Miranda es una muestra palpable de cómo la corrupción sigue erosionando las instituciones.