La reciente firma de una carta de intención entre el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y la pesquera china Hongdong Fisheries Co. Ltd., junto con la financiera argentina Hexarmonia Capital S.A., genera preocupación y sospechas en diversos sectores de la industria pesquera. El acuerdo, que promete una inversión de 200 millones de dólares en el sector pesquero de la provincia, plantea serios interrogantes sobre la idoneidad y las verdaderas intenciones de las empresas involucradas.
Hongdong Fisheries Co. Ltd.: Un historial preocupante
Hongdong Fisheries Co. Ltd., fundada en 1999 y con sede en Fuzhou, China, es la segunda mayor empresa pesquera del país, con al menos 161 embarcaciones pesqueras, ocho de ellas registradas en Mauritania. La compañía tiene múltiples denuncias por prácticas de pesca ilegal, explotación laboral y violaciones de derechos humanos en diversas partes del mundo. En Mauritania, por ejemplo, se le ha acusado de prácticas laborales abusivas, incluyendo salarios bajos, condiciones insalubres y falta de formación para sus trabajadores. Además, se le ha señalado por la captura de especies protegidas y por operar en aguas de otros países sin las debidas autorizaciones.
Hexarmonia Capital S.A., constituida hace apenas dos años en Quilmes, Buenos Aires, con un capital social de 100.000 pesos argentinos (aproximadamente 92,6 dólares), tiene su sede en la vivienda particular de uno de sus socios. Esta estructura empresarial plantea serias dudas sobre la capacidad y seriedad de la firma para gestionar una inversión de tal magnitud.
La falta de transparencia en los términos del acuerdo, la falta de información sobre los mecanismos de control y la ausencia de garantías claras para la provincia de Santa Cruz generan grandes sospechas de los reales beneficios para Santa Cruz. La historia de Hongdong Fisheries Co. Ltd. y la fragilidad de Hexarmonia Capital S.A. sugieren que este acuerdo podría tener consecuencias negativas para la economía local, el medio ambiente y las comunidades pesqueras de la región.
La protección de los recursos naturales, el respeto por los derechos laborales y el bienestar de las comunidades deben ser prioritarios en cualquier iniciativa de inversión extranjera.
En resumen, la aparente oportunidad de inversión que se presenta como un beneficio para Santa Cruz podría, en realidad, representar un riesgo de gran magnitud teniendo en cuenta los peligrosos antecedente de las empresas involucradas.
