Las constantes suspensiones de clases en los colegios de Río Gallegos debido a alertas por vientos intensos están generando cada vez más malestar entre las familias. Padres y madres cuestionan la falta de claridad en los criterios de decisión, los horarios en que se comunican las medidas, y el impacto que esto tiene en la organización diaria de cientos de hogares.
“Entendemos que se trata de una cuestión de seguridad, pero si el peligro es real, entonces debería suspenderse todo: clases, actividad administrativa, comercio, todo. ¿O acaso los adultos no corremos los mismos riesgos al salir a trabajar?”, expresó Mariana, madre de dos alumnos de nivel primario.
El problema no es solo la suspensión en sí, sino el momento en que se informa: muchas veces, los comunicados llegan cuando los chicos ya están en la escuela, lo que obliga a los padres a interrumpir sus jornadas laborales para ir a buscarlos de urgencia. Esto, lejos de prevenir, duplica los traslados y expone nuevamente a las familias al viento y al riesgo en las calles.
“Ayer me avisaron a las 8:00 que se suspendían las clases. Mi hijo entra a las 7:30. ¿Qué sentido tiene? Lo tuve que ir a buscar con todo el viento, al igual que otras madres que estaban igual de enojadas. Es peor el remedio que la enfermedad”, contó Lucía, madre de un alumno de segundo grado.
El fondo de la discusión no es la seguridad —valor compartido por toda la comunidad— sino la falta de una política clara, coherente y previsible. Las suspensiones intempestivas, sin un protocolo claro o criterios transparentes, terminan siendo decisiones que caotizan a las familias, más que protegerlas.
Además, muchas familias señalan que el sistema educativo no está generando alternativas para recuperar el tiempo perdido, ni para acompañar a los alumnos que se ven afectados por esta inestabilidad. La preocupación por el rendimiento escolar y la continuidad pedagógica también empieza a pesar.
“Los chicos pierden clases y después nadie explica cómo se van a recuperar. Mientras tanto, los padres hacemos malabares para ver con quién dejarlos cuando se suspenden, porque no todos tienen familiares disponibles o pueden salir del trabajo sin consecuencias”, opinó Martín, padre de una adolescente del nivel secundario.
Desde el sector educativo no se ha brindado, hasta el momento, una explicación oficial sobre los criterios exactos que se aplican para decidir las suspensiones. La ciudadanía reclama una respuesta clara: ¿cuál es el verdadero peligro? ¿Qué indicadores se toman en cuenta? ¿Por qué no se aplica la misma lógica a toda la actividad laboral?
En una ciudad donde el viento es un fenómeno frecuente y muchas veces impredecible, el desafío no es evitar el problema, sino establecer reglas claras y sostenibles que garanticen tanto la seguridad como el normal funcionamiento de la vida escolar y laboral.
Por ahora, los padres siguen esperando respuestas, mientras hacen equilibrio entre las ráfagas de viento… y las del sistema.
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