Vidal vs. Tribunal Superior de Justicia: ¿Fin de los privilegios o maniobra política?
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció en sus redes sociales una medida que promete sacudir la relación del Poder Judicial en la provincia: la revisión integral de las futuras jubilaciones de los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Bajo el argumento de buscar “reglas claras y justas para todos”, el mandatario apunta contra los beneficios jubilatorios de los magistrados, alegando una marcada diferencia entre los ingresos del Tribunal y los salarios que perciben trabajadores de otros sectores del Estado.
El mensaje, que llegó acompañado de denuncias sobre presuntas contrataciones irregulares dentro del Poder Judicial, generó mucho ruido en el ámbito judicial santacruceño. Vidal aseguró que se han detectado vínculos de parentesco, amistad e incluso acomodos de exfuncionarios sin el respaldo de concursos públicos ni mecanismos de transparencia. “La justicia no puede ser un aguantadero de ñoquis”, disparó el gobernador, en una frase que apunta directo al corazón del Consejo de la Magistratura.
El mandatario también cuestionó el funcionamiento del Consejo, destacando la ausencia de procesos meritocráticos y abiertos para la designación de jueces. “Esa falta de apertura atenta contra la confianza que la ciudadanía necesita tener en el sistema judicial”, remarcó, subrayando la necesidad de un servicio de justicia “accesible, eficiente y basado en la idoneidad”.
Sin embargo, el anuncio de Vidal no solo es polémico, sino que roza los límites de la constitucionalidad. La intromisión del Poder Ejecutivo en la estructura de jubilaciones del Poder Judicial representa una clara violación al principio de división de poderes establecido en la Constitución Nacional. Este tipo de maniobras, lejos de ser un acto de justicia, parecen más un intento desesperado de disciplinar a los jueces, justo en un momento donde las denuncias contra Fernando Españón, actual diputado provincial, por abuso sexual comienzan a avanzar en los estrados judiciales.
La estrategia del gobierno provincial parece diseñada para amedrentar al Poder Judicial y frenar cualquier intento de investigar a funcionarios cercanos al oficialismo. Desde sectores judiciales y opositores al gobierno provincial señalaron que esta avanzada no busca justicia, sino blindaje político. La intervención sobre las jubilaciones y la denuncia de irregularidades en el marco de un Consejo de la Magistratura cuestionado, son vistas como un intento de disciplinamiento más que de transparencia.
El conflicto se agrava en un contexto donde el Gobierno de Vidal ha sido señalado por presiones directas sobre el Poder Judicial en diversas causas sensibles. La intervención en las jubilaciones podría representar un nuevo capítulo en esta escalada de tensiones entre el Ejecutivo y la Justicia en Santa Cruz. Lejos de fortalecer la justicia, se percibe como un mecanismo de control y amenaza sobre sus miembros.
¿Es este un paso hacia una mayor equidad en los ingresos estatales o un nuevo episodio de ajuste de cuentas político? Las señales apuntan a un avasallamiento de las instituciones judiciales, poniendo en jaque su independencia y dejando en evidencia una búsqueda de impunidad para los aliados del poder.
