La Asociación Judicial de Santa Cruz manifestó su rechazo a la reciente ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), aprobada por la Legislatura Provincial el 28 de agosto mediante la Ley N° 253/25, que eleva de 5 a 9 la cantidad de vocales.
La norma fue sancionada con 13 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. Desde el gremio cuestionaron que no se consultara a los trabajadores judiciales ni se realizaran audiencias públicas, lo que —según señalaron— “evidencia la falta de participación social en una decisión que impacta directamente en el servicio de justicia”.
Judiciales advirtió que la reforma “profundiza una política que mira hacia arriba y no hacia donde realmente la Justicia comienza: en el mostrador de cada juzgado, defensoría, fiscalía y oficina de violencia, donde día a día se sostiene el servicio judicial”.
Además, plantearon que la discusión debería estar enfocada en resolver problemas como la cobertura de vacantes en primera instancia, la crisis edilicia, la falta de recursos para defensorías y oficinas de violencia, y el respeto a los derechos laborales.
El sindicato insistió en la necesidad de garantizar la autarquía financiera del Poder Judicial para que el presupuesto se defina con criterios técnicos y no por decisiones políticas coyunturales. “Sin autarquía, cada ampliación de estructuras en el vértice del Tribunal corre el riesgo de transformarse en una nueva carga que se cubre a costa de recortes en la primera instancia”, alertaron.
Por último, remarcaron que “la verdadera transparencia se construye con independencia financiera, con recursos suficientes para la primera instancia y con mecanismos de control social que aseguren que el presupuesto judicial se destine a mejorar el acceso a la justicia”.
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