CUANDO LA CONSTITUCION INCOMODA

El gobernador Claudio Vidal salió a denunciar en redes sociales un supuesto “golpe judicial” en Santa Cruz. En su posteo responsabilizó a Cristina y Máximo Kirchner de manejar operadores en la Justicia provincial y acusó directamente a los jueces Fernando Basanta y Marcelo Bersanelli de “violar la división de poderes”. Un mensaje explosivo, acompañado de una catarata de menciones a dirigentes nacionales, que busca instalar la idea de una intervención federal.

Pero más allá de la pirotecnia política, vale recordar algo elemental: el control de constitucionalidad por parte de los jueces no es un invento del kirchnerismo ni de la justicia “cooptada”, como señala Vidal. Es una función reconocida y  ratificada en fallos históricos de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el siglo XIX, y adoptada por la Corte argentina desde 1887. En Santa Cruz, además, la propia Constitución provincial le otorga al Tribunal Superior la potestad de declarar la inconstitucionalidad de normas.

Es decir: lo que hoy cuestiona Vidal no es un complot de “los K”, sino una práctica institucional de más de 200 años, que atraviesa a todas las democracias modernas. Los jueces están para poner límites cuando una ley o decreto colisiona con la Constitución. Puede gustar o no el contenido del fallo, pero eso no habilita a desconocerlo ni a llamar a la desobediencia.

La ampliación del TSJ: el trasfondo real

Lo que el gobernador no dice en su posteo es que el fallo judicial que tanto lo irrita frena —de manera cautelar y no definitiva— el tratamiento de las ternas para ampliar el Tribunal Superior de Justicia. Una ampliación que fue votada a las apuradas en la Legislatura, con cuestionamientos de la oposición y de sectores de la sociedad civil que reclamaban transparencia en el proceso.

La discusión no es menor: el propio Vidal busca colocar a sus candidatos en el máximo tribunal de la provincia, lo que garantizaría a su gestión un blindaje institucional frente a futuros conflictos. Es el viejo método de controlar a los jueces antes de que los jueces lo controlen a uno. Y el límite lo puso una cautelar firmada por un magistrado que, justamente, ejerció la facultad que le da la Constitución.

Entre la república y el capricho

El problema no es la Justicia que dicta cautelares, sino un oficialismo que pretende arrasar con todos los órganos de control. La reacción del Gobernador y sus diputados, de descalificar cualquier límite como “golpe judicial”, habla más de la ansiedad por colonizar instituciones que de un verdadero respeto a la república.

Lo más inquietante es que Vidal plantea la posibilidad de una intervención federal… ¡porque no le gusta una resolución judicial! Ese atajo retórico es tan peligroso como infantil. Hoy se trata de las ternas al TSJ; mañana, podría ser cualquier otra ley que no pase el filtro constitucional.

En vez de agitar fantasmas y victimizarse, la salida es más simple: hacer leyes y decretos que respeten la Constitución, la provincial y la nacional. Lo demás es ruido. Y ruido que, mientras tanto, le roba tiempo a lo importante: gobernar una provincia con hospitales colapsados, escuelas deterioradas y vecinos que reclaman soluciones concretas.

Si de límites se trata, el límite no lo pone Cristina, ni Milei, Ni Vidal, ni los jueces: lo pone la Constitución.