SESION SECRETA Y EXPRESS PARA DESIGNAR JUECES
La convocatoria secreta y el desacato al fallo judicial.
Desacato en la Legislatura: convocan a sesión secreta para designar jueces
La Cámara de Diputados de Santa Cruz oficializó este martes la convocatoria a una sesión extraordinaria secreta para este miércoles 25 de septiembre a las 9 de la mañana, con el fin de tratar las ternas de candidatos al Tribunal Superior de Justicia. La resolución 455/25, firmada por el presidente de la Cámara, Fabián Leguizamón, lleva el sello de urgencia y dispone que el debate se realice a puertas cerradas, sin acceso público ni registro.
El problema es que esta convocatoria choca de frente con el fallo judicial vigente: el juez Marcelo Bersanelli dictó días atrás una medida cautelar que ordenaba suspender el tratamiento de las ternas hasta que se resolviera el amparo presentado por el gremio judicial. Es decir, la Legislatura está convocando a sesionar en abierto desacato a una orden judicial.
Sesión bajo sospecha
La resolución detalla tres ternas enviadas por el Ejecutivo provincial, ya que por cuestiones de incumplimiento con una de las ternas, el propio Diputado Luxen pido bajar una de las ternas, donde casualmente estaba el abogado personal del Gobernador y la cuñada del diputado, con un total de nueve postulantes. La intención del oficialismo es avanzar en la designación de nuevos vocales del Tribunal Superior, en el marco de la reciente ampliación de 5 a 9 integrantes impulsada por el gobernador Claudio Vidal.
La convocatoria se notificó a los bloques en la tarde del martes 24, dejando menos de 24 horas para que los diputados se preparen. El mecanismo elegido —sesión secreta y exprés— refuerza las sospechas de que el oficialismo pretende consumar el nombramiento de jueces en condiciones de opacidad y contraviniendo el fallo de la Justicia ordinaria.
El trasfondo
El conflicto deja al desnudo la estrategia del gobierno provincial: desconocer a los jueces que no responden al poder político y avanzar con designaciones propias, incluso si para eso hay que pasar por alto decisiones judiciales.
La pregunta que queda flotando es inevitable:
¿Puede un Poder del Estado imponer su voluntad en contra de un fallo judicial firme, y hacerlo además en secreto?
