SANTA CRUZ: ALERTA NACIONAL POR LA REFORMA JUDICIAL QUE IMPULSA EL GOBIERNO
EL CONSEJO DE PROCURADORES ADVIRTIÓ POR UN “RETROCESO INSTITUCIONAL” EN SANTA CRUZ
Rechazo al proyecto del Vicegobernador que busca modificar la Ley 1600 y reorganizar la Justicia provincial
Los Consejos de Procuradores y Fiscales Generales de todo el país —junto al Consejo de Política Criminal— emitieron una declaración conjunta en la que expresan su “profunda preocupación y rechazo” al proyecto impulsado por el vicegobernador de Santa Cruz, que propone modificar la Ley 1600, reguladora de la organización judicial provincial.
Según el documento, la iniciativa “bajo la apariencia de una reestructuración administrativa o de un supuesto ordenamiento institucional, implica una injerencia indebida del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, quebrando el principio de separación de funciones que sustenta todo Estado de Derecho”.
Un cambio que vacía la autonomía del Ministerio Público Fiscal
El texto señala que el proyecto “degrada la jerarquía y las funciones del titular del Ministerio Público Fiscal” y vacía de contenido su autonomía funcional, principio esencial del sistema acusatorio. En la práctica, sostienen los fiscales, esto equivaldría a subordinar la acción penal pública al poder político, debilitando la confianza ciudadana en la justicia.
El comunicado también recuerda que el modelo vigente en Argentina desde la reforma de 1994 establece una estructura tripartita —Judicatura, Fiscalía y Defensa— como garantía de equilibrio e imparcialidad en la administración de justicia. Pretender reunir las funciones de acusación y defensa, advierten, “constituye un retroceso institucional muy marcado que nos devuelve a etapas superadas”.
Advertencia a la Legislatura
Los organismos llamaron a los legisladores provinciales a no convalidar el proyecto, y exhortaron a abrir un proceso de diálogo “que respete los estándares mínimos de independencia, autonomía y estabilidad funcional”.
“El proyecto genera un riesgo de degradación institucional y politización”, remarcan los procuradores, que insisten en que “defender la autonomía del Ministerio Público Fiscal no es un reclamo corporativo, sino un acto de compromiso con la República y la Constitución”
Contexto político: justicia en crisis y poder en disputa
La declaración se publica en un momento de fuerte tensión dentro del Poder Judicial santacruceño. En los últimos días, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, doctor Mariani, protagonizó un episodio sin precedentes al afirmar que el juramento de los nuevos jueces era ad referendum del cuerpo, para luego desdecirse y admitir un “error de redacción”.
El hecho, sumado al impulso del Ejecutivo provincial por modificar la estructura judicial y al anuncio de una eventual restitución del juez Eduardo Sosa, reabre un escenario de incertidumbre institucional.
Mientras tanto, la administración provincial atraviesa su peor momento social y económico: descuentos masivos a docentes, sanciones a trabajadores de la salud y pérdida récord de empleo privado. Un gobierno que nació desde el sindicalismo, pero que —según coinciden distintas voces— se aleja cada día más de los trabajadores y se acerca peligrosamente a la lógica del poder absoluto.
