ALERTA INSTITUCIONAL: EL CONSEJO FEDERAL ADVIERTE POR EL INTENTO DE ELIMINAR LA DEFENSA PÚBLICA EN SANTA CRUZ
El organismo nacional cuestionó un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo santacruceño que busca suprimir la Defensoría General y el Ministerio Público de la Defensa. Considera que la iniciativa vulnera derechos constitucionales y tratados internacionales.
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina manifestó su “profunda preocupación” por el proyecto de ley N°561 que el Gobierno de Santa Cruz remitió a la Legislatura provincial, mediante el cual se propone modificar la Ley Orgánica de la Justicia (Ley 1600) para suprimir el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría General y la defensa pública integral.
Según el comunicado, la iniciativa constituye “un grave retroceso institucional e inconstitucional”, al contradecir lo dispuesto por el artículo 6° de la Constitución provincial y el artículo 120° de la Constitución Nacional, que consagra la autonomía y autarquía del Ministerio Público de la Defensa. “En ningún caso las autoridades pueden suspender la efectividad de las garantías constitucionales ni alterar la independencia de la defensa pública”, sostiene el documento.
El Consejo Federal, integrado por representantes de todo el país, recordó además que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha reconocido en distintas resoluciones la importancia de la autonomía de la defensa pública como garantía de acceso a la justicia. Cita en particular la resolución AG/RES 2821 XLIV-0/14, que reclama a los Estados asegurar la independencia funcional y presupuestaria de estos organismos.
En ese sentido, también evocó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “José Agapito Ruano Torres vs. El Salvador” (2015), donde se estableció que el Estado debe garantizar una defensa pública “libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes”.
El Consejo Federal pidió al Poder Ejecutivo de Santa Cruz que retire el proyecto y “cese todo accionar que obstaculice el pleno desempeño de las funciones constitucionales” de la Defensora General y de los defensores públicos provinciales.
El documento lleva las firmas de Marcela Millán (Defensora General de CABA), Ariel Alice (Defensor General de Río Negro) y Stella Maris Martínez (Defensora General de la Nación), quienes encabezaron el pronunciamiento.
