ADEPRA ADVIERTE UN “GRAVE RETROCESO INSTITUCIONAL” EN SANTA CRUZ
La Asociación de la Defensa Pública de la República Argentina cuestionó el proyecto que busca eliminar la Defensoría General y alertó que vulnera la Constitución Nacional y provincial.
La Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA) expresó su profunda preocupación por el Proyecto de Ley N° 561, actualmente en tratamiento en la Legislatura de Santa Cruz, que propone eliminar el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría General mediante una reforma a la Ley Orgánica de la Justicia Provincial.
El documento, firmado por su presidente Adolfo Sánchez Alegre y el secretario general Diego Stringa, advierte que la iniciativa constituye “un grave retroceso institucional” y contraviene el artículo 6 de la Constitución de Santa Cruz y el artículo 120 de la Constitución Nacional, ambos garantes de la autonomía de la Defensa Pública como órgano independiente del Estado.
UN PROYECTO QUE CAMBIA LA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO PÚBLICO
La reforma restablecería la figura del Procurador General del Tribunal Superior de Justicia como jefe de todos los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, subordinando a los defensores públicos y eliminando su independencia funcional.
Según ADePRA, esta modificación “vulnera los principios elementales del sistema acusatorio” y debilita el rol de quienes ejercen la defensa pública, afectando directamente el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas personas privadas de libertad, niños, niñas, adolescentes, víctimas de violencia y pueblos originarios.
“UN GOLPE A LA IGUALDAD ANTE LA LEY”
En su pronunciamiento, la entidad recordó que la autonomía de la Defensa Pública es reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), y que su debilitamiento representa un riesgo directo para la garantía de Defensa en Juicio consagrada por la Constitución Nacional.
“La Defensa Pública no es un privilegio ni un lujo. Es una obligación del Estado y un derecho de toda la ciudadanía”, remarcó el comunicado.
ADePRA exhortó a las autoridades provinciales a retirar el proyecto de ley, y pidió “diálogo, prudencia y respeto por la institucionalidad”, en un llamado directo a frenar la iniciativa oficialista.
EL CONTEXTO POLÍTICO
El pronunciamiento se suma a una ola de críticas nacionales por los recientes intentos del Gobierno provincial de modificar la estructura judicial. En los últimos días, distintos sectores del fuero —incluidos fiscales, jueces y legisladores de la oposición— alertaron que estas reformas consolidan el control político sobre la Justicia y ponen en riesgo la división de poderes.
En este marco, la advertencia de ADePRA reaviva el debate sobre la independencia judicial en Santa Cruz, una provincia que atraviesa una profunda crisis institucional y política.
