Escalada en el Tribunal Superior: el cuerpo intimó al juez Mariani por desconocer resoluciones y usurpar la Presidencia
El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz ordenó al vocal Daniel Mariani cesar de inmediato sus actos como presidente, tras acusarlo de incumplir medidas judiciales, desconocer decisiones colegiadas y agravar la crisis institucional del Poder Judicial.
El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz dictó una resolución de alto impacto institucional al intimar al vocal Dr. Daniel Mauricio Mariani a cesar de forma inmediata en sus funciones como presidente del cuerpo, cargo que había sido revocado por mayoría el pasado 2 de octubre.
La medida, firmada por las vocales Reneé Guadalupe Fernández (actual presidenta) y Paula Ernestina Luduena Campos, junto al vocal Fernando Miguel Basanta, sostiene que Mariani persistió en arrogarse facultades que ya no ostenta, dictando resoluciones y emitiendo directivas al personal judicial en abierta desobediencia a las decisiones del máximo tribunal provincial.
Según el texto, al que tuvo acceso WOU, la conducta del magistrado configura “una situación de extrema gravedad institucional”, por cuanto implica desobedecer una medida cautelar vigente y atentar contra la autoridad judicial del propio cuerpo.
EL FONDO DEL CONFLICTO
El origen del enfrentamiento se remonta a la sanción de la Ley Provincial N° 3949, impulsada por el oficialismo, que amplió de cinco a nueve los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, una medida judicial dictada el 8 de octubre suspendió los efectos de esa norma, prohibiendo la jura y actuación de los nuevos designados —entre ellos los Dres. Acevedo y González Nora— hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.
Pese a ello, el Dr. Mariani habría desconocido deliberadamente la orden judicial, continuando con actos administrativos y comunicacionales en carácter de presidente, lo que llevó al Tribunal a acusar al magistrado de usurpar funciones y erosionar la credibilidad del Poder Judicial.
“La desobediencia a una medida de esta naturaleza no solo atenta contra el estado de derecho, sino que agrava la crisis institucional”, expresa el documento, que además advierte sobre las consecuencias federales del conflicto, por cuanto “la garantía de autonomía de las provincias se sustenta en el funcionamiento regular de sus instituciones republicanas”.
LA POSICIÓN DE LA MAYORÍA
En un extenso razonamiento jurídico, el Tribunal reafirma que la composición válida del cuerpo sigue siendo de cinco miembros, hasta tanto se produzca la incorporación efectiva de los nuevos magistrados conforme a los procedimientos constitucionales.
La resolución invoca precedentes de 1995 —cuando también se amplió la integración del Tribunal— para sostener que las decisiones son válidas mientras actúe la mayoría de los jueces legalmente investidos y en funciones.
“La postura contraria implicaría aceptar una voluntad legislativa de crear una inhabilitación funcional que paralizaría el servicio de justicia”, argumentan los vocales firmantes, rechazando una interpretación “literalista y aislada” de la Ley 3949.
CONSECUENCIAS Y ESCENARIO
El texto final dispone intimar al Dr. Mariani a cesar inmediatamente sus actos, reiterar a todo el personal judicial que reconozca únicamente las resoluciones emanadas de la mayoría y comunicar la situación a la Corte Suprema de la Nación, al Ministerio de Justicia y a la Junta Federal de Cortes.
En los hechos, la decisión busca cerrar filas en torno a la conducción de la Dra. Fernández y marcar límites a la injerencia política sobre el Poder Judicial santacruceño, en medio de una creciente tensión institucional.
El episodio deja expuesta una crisis inédita en la cúpula judicial de Santa Cruz, donde el conflicto interno refleja la disputa más amplia entre independencia judicial y poder político, con derivaciones que podrían alcanzar al plano nacional.
