PRESUPUESTO 2026: EL GOBIERNO DESFINANCIA A LA JUSTICIA MIENTRAS AUMENTA LA ESTRUCTURA DEL TRIBUNAL SUPERIOR

El Gobierno exige una justicia más eficiente, pero por tercer año consecutivo la desfinancia y agranda su cúpula
El discurso oficial insiste en la necesidad de una justicia más rápida, más moderna y más eficiente. Sin embargo, los hechos demuestran exactamente lo contrario. Por tercer año consecutivo, el Gobierno provincial envió a la Legislatura un presupuesto que vuelve a recortar los recursos del Poder Judicial, profundizando un proceso de desfinanciamiento que ya compromete seriamente la capacidad del sistema para funcionar.
El oficio enviado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Reneé Guadalupe Fernández, es contundente. Allí se advierte que el presupuesto proyectado por el Ejecutivo para 2026 está 32% por debajo de las necesidades reales informadas por el propio Poder Judicial. No se trata de gastos extraordinarios ni de ampliaciones de estructura: se trata de recursos básicos para operar, desde mantenimiento edilicio hasta equipamiento indispensable. El documento lo explicita: con los valores enviados por el Ejecutivo “no se garantiza la efectiva prestación del servicio de justicia”.
Mientras se recortan partidas esenciales —incluyendo por tercer ejercicio consecutivo la asignación para obras, reducida a cero pesos— el mismo Gobierno que exige eficiencia toma decisiones que profundizan la asfixia presupuestaria. La más visible y contradictoria: la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9 miembros, una medida que incrementa el gasto público en aproximadamente 4.000 millones de pesos por año, solo en remuneraciones, estructura y funcionamiento administrativo asociado.
Es decir: se recortan insumos para que un juzgado pueda operar, pero se incrementan en miles de millones los costos de la cúpula judicial. Una ecuación que, lejos de modernizar el sistema, lo tensiona aún más.
A esto se suma otro movimiento político inminente: el oficialismo trabaja para designar al Dr. Eduardo Sosa como Procurador, un cargo estratégico para el diseño del sistema penal provincial. En paralelo a la falta de recursos para sostener la estructura existente, el Gobierno impulsa cargos clave que aumentan el gasto total y que, nuevamente, no se traducen en mejoras operativas para los tribunales de primera y segunda instancia, donde se tramita la inmensa mayoría de las causas.
La contradicción es evidente: se exige una justicia ágil mientras se la priva de los recursos mínimos para sostener su servicio, y al mismo tiempo se incrementa el costo político e institucional en la cúspide, sin que ello implique mejoras en la capacidad resolutiva del sistema.
El documento del Tribunal Superior es explícito al señalar los efectos de este desfinanciamiento: no hay fondos suficientes para implementar mantenimiento preventivo; la infraestructura se encuentra en emergencia edilicia; la adquisición de equipamiento resulta inviable; y las partidas para bienes de consumo, servicios, tecnología y bienes de uso registran una reducción de más de $2.300 millones respecto de lo solicitado. Todo ello, además, con un esquema presupuestario que no contempla los niveles actuales de inflación, lo que agrava aún más la situación de cara a 2026.
La consecuencia es directa: un Poder Judicial que debe responder a mayores demandas ciudadanas con menos herramientas, menos personal operativo, menos infraestructura y menos capacidad de respuesta. Y, paradójicamente, con una cúpula más grande y más costosa que nunca.
El Gobierno pretende resultados que el propio presupuesto vuelve imposibles. Exige celeridad en los procesos cuando recorta las partidas que permiten que los tribunales funcionen. Reclama modernización mientras evita invertir en tecnología. Pide eficiencia a un Poder Judicial al que, simultáneamente, le reduce sus recursos esenciales y le incrementa su estructura jerárquica.
Las palabras son incompatibles con los hechos. El discurso no se sostiene frente al expediente ni frente a los números. La eficiencia que se reclama no puede nacer del desfinanciamiento. Y una justicia que se agranda arriba mientras se achica abajo es una justicia más lenta, más frágil y menos independiente.
Este presupuesto no fortalece al Poder Judicial. Lo condiciona. Y esa decisión política tiene consecuencias institucionales que no pueden ocultarse detrás de ningún relato.