En recientes declaraciones radiales de Julio Gutiérrez, secretario general de la Unión del Personal de Seguridad y exministro de Trabajo durante la gestión de Claudio Vidal, se volvió a abrir un debate que parecía consolidado: la efectividad real de la Ley 90/10 en Santa Cruz.

El dirigente afirmó que la norma “no dio resultados positivos” y que, además, se dejaron de realizar controles en el acceso a Caleta Olivia, los mismos operativos que en su momento habían sido impulsados y encabezados por el propio gobernador para garantizar el cumplimiento inmediato de la ley. En su análisis, dejó una frase que marca el eje de su postura actual: “En lo personal creo que no. Creo que, insisto, que el tema fundamental para que esa ley sea productiva es contratar empresas locales.”

El contraste con su etapa en el gabinete es inevitable. Cuando ocupaba el Ministerio de Trabajo sostenía públicamente que la fiscalización era indispensable, que el Estado debía revisar listas, supervisar ingresos y monitorear en territorio para asegurar que la ley se cumpliera. Sin embargo, hoy su mirada se desplaza hacia otro punto: la estructura de contratación. Para Gutiérrez, el problema no está en la norma en sí, sino en el hecho de que las operadoras y contratistas no prioricen proveedores santacruceños. Su argumento se apoya en una lógica directa, expresada en otra de sus frases: “Un empresario local no va a ir a San Juan a buscar trabajadores, lo va a contratar en la provincia.”

Este giro discursivo invita a un debate más profundo sobre el alcance de la 90/10. En Santa Cruz, las experiencias previas demuestran que cuando el entramado empresarial local tiene capacidad real para competir, la generación de empleo provincial surge de manera natural; cuando los contratos se adjudican a firmas radicadas fuera de la provincia, ningún porcentaje legal puede revertir ese desequilibrio. Por eso la discusión vuelve a la raíz: una ley de cupos puede marcar un rumbo, pero necesita un marco productivo que la sostenga.

Gutiérrez también señaló que la implementación de la norma no estuvo acompañada de una estrategia operativa clara. Su frase “Hasta que no entendamos que no es solamente legislar y darle vida a una ley, después hay que pensar cómo la aplicamos y cómo la ponemos en funcionamiento”apunta directamente a la falta de esa segunda etapa de ejecución. Desde su perspectiva, la regulación quedó corta en mecanismos concretos, y esa ausencia redujo el impacto esperado en los primeros meses.

El dirigente mencionó además que los controles iniciales ya no se realizan, lo que refuerza la percepción de que la estructura de fiscalización se desactivó rápidamente y que la efectividad de la ley quedó sujeta a la voluntad de cada empresa más que a un sistema permanente de seguimiento. La discusión entonces no se limita al número 90/10, sino a la capacidad estatal, la articulación con el sector privado y la necesidad de consolidar un modelo de desarrollo que priorice empresas y mano de obra santacruceña.

A casi dos meses de la sanción de la ley, todavía es temprano para medir su impacto final, pero las declaraciones de Gutiérrez vuelven a poner sobre la mesa una cuestión esencial: las políticas laborales y productivas requieren más que una norma escrita. Necesitan planificación, control, infraestructura empresarial local y una estrategia que garantice que los beneficios queden en la provincia.

La reflexión que deja su cambio de postura no pasa por la disputa política, sino por la necesidad de examinar con seriedad qué es lo que realmente permite que una ley de este tipo funcione. En un escenario donde la minería, el petróleo y los servicios asociados siguen creciendo, Santa Cruz tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de fortalecer su estructura productiva para que el empleo local sea una consecuencia natural y no un porcentaje impuesto.

FUENTE: Extremo Minero