FALLO HISTÓRICO EN CHACO: LA JUSTICIA ORDENÓ RESTITUIR FONDOS Y FRENÓ EL CIERRE DE UNA ESCUELA WICHÍ
La Justicia chaqueña dictó un fallo de fuerte impacto institucional que expone, sin eufemismos, los límites del poder político cuando se vulneran derechos fundamentales. El Juzgado Civil y Comercial N°21 de Resistencia hizo lugar a la acción de amparo presentada por la Fundación Valdocco y ordenó al Gobierno del Chaco restituir de inmediato los aportes estatales, garantizar la continuidad plena del servicio educativo y abstenerse de cualquier medida regresiva contra la Unidad Educativa de Gestión Privada N°144, que asiste a niños, niñas y adolescentes del pueblo indígena Wichí .
La sentencia no se limita a resolver un conflicto administrativo. Es, en los hechos, un revés político para el Ministerio de Educación y para el Ejecutivo provincial, al considerar que las decisiones adoptadas —suspensión de fondos, inicio de actuaciones sumariales y clausura de la institución— fueron arbitrarias, desproporcionadas y carentes de legitimidad sustancial, al no haber cumplido con el deber de consulta previa, libre e informada exigido por el Convenio 169 de la OIT.
El juez fue contundente al describir el rol que cumple la Fundación Valdocco. No se trata únicamente de una escuela: es un dispositivo comunitario integral, donde los estudiantes —en su totalidad pertenecientes a comunidades Wichí— reciben educación formal, alojamiento, alimentación, atención sanitaria y contención social, en un contexto de extrema vulnerabilidad. Muchos de ellos viven en la institución y encuentran allí un espacio de pertenencia, cuidado y continuidad cultural.
En ese marco, el fallo subraya que el Estado actuó como si estuviera frente a un expediente más, ignorando deliberadamente el impacto real de sus decisiones. No hubo análisis intercultural, no se ponderó el interés superior del niño, ni se evaluaron alternativas menos lesivas. La Justicia remarca que la consulta a los pueblos indígenas no es una formalidad administrativa sino una condición esencial de validez de cualquier acto estatal que los afecte directamente.
La resolución judicial declara la inaplicabilidad y falta de legitimidad sustancial de los actos administrativos cuestionados y ordena al Gobierno provincial no sólo restablecer el financiamiento conforme a la Planta Orgánica Funcional aprobada, sino también depositar en un plazo de cinco días los fondos adeudados, bajo apercibimiento legal. Además, impone las costas del proceso al Estado, consolidando una derrota judicial completa .
Pero el mensaje del fallo va más allá del caso concreto. El juez dedica extensos fundamentos a explicar que no hay justicia posible cuando el Estado, en nombre del control o la burocracia, agrava la situación de los sectores más vulnerables. En particular, cuando se trata de niños y adolescentes indígenas, la protección debe ser reforzada, continua y no regresiva. Cerrar o desfinanciar una institución como Valdocco, sin una alternativa inmediata y culturalmente pertinente, implica —según el fallo— institucionalizar el abandono.
En tiempos donde los gobiernos suelen refugiarse en el lenguaje del orden, la auditoría y la eficiencia, la Justicia recordó un principio básico: los derechos humanos no son negociables y el interés superior del niño no admite atajos administrativos. El fallo marca un precedente claro en Chaco y envía una advertencia política inequívoca: con la niñez indígena, el margen para improvisar se terminó.
