ESCÁNDALO SANITARIO EN RÍO TURBIO: 11 PRESOS CON TUBERCULOSIS Y EL GOBIERNO DE SANTA CRUZ LO IGNORA
La situación dentro de la División Comisaría Yacimientos Río Turbio es crítica y alarmante. De los 22 detenidos alojados en la dependencia, 11 tienen tuberculosis, es decir, el 50% de la población carcelaria, concentrada en un edificio con capacidad máxima para apenas 12 personas. El hacinamiento extremo, la falta de ventilación adecuada y la ausencia de medidas sanitarias efectivas convirtieron a la comisaría en un foco de riesgo permanente.
Lejos de ser un hecho desconocido, el cuadro fue reconocido formalmente por la Justicia. El pasado 10 de diciembre de 2025, el Juzgado Provincial de Instrucción de Río Turbio dictó un Habeas Corpus Correctivo en el que dejó asentada la violación sistemática de los derechos humanos de los detenidos, el colapso edilicio y el peligro sanitario que implicaba la convivencia forzada en esas condiciones. En esa resolución, la jueza ordenó de manera expresa la limpieza y desinfección inmediata del edificio, la reparación de los sistemas de ventilación, el diseño de un sistema adecuado de convivencia por parte del Ministerio de Seguridad y la reubicación de los detenidos condenados, conforme lo establece la Ley de Seguridad Pública Provincial.
Nada de eso ocurrió.
Pese a los plazos perentorios fijados por la Justicia —48 y 72 horas—, ni la Jefatura de Policía ni el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz ejecutaron las medidas ordenadas. La comisaría continúa funcionando en las mismas condiciones que el propio fallo judicial calificó como inhumanas, con sobrepoblación, escasa ventilación y sin protocolos sanitarios reales frente a una enfermedad contagiosa como la tuberculosis.
La inacción quedó expuesta en nuevas presentaciones judiciales realizadas por abogados defensores, quienes advirtieron que la detención en esas condiciones se transformó en una verdadera “muerte anunciada”. En los escritos se describe un escenario de abandono sanitario absoluto: internos sin barbijos, sin aislamiento efectivo y obligados a convivir en espacios cerrados con personas infectadas, sin ningún tipo de control preventivo.
Mientras tanto, la Justicia reconoce el problema pero no lo resuelve. La jueza rechazó la prisión domiciliaria y derivó las excarcelaciones a la Cámara Penal, que hasta el momento no dio respuesta a los pedidos presentados. Así, la responsabilidad se diluye entre tribunales y despachos oficiales, mientras la situación sanitaria se agrava día a día.
El Gobierno Provincial, por su parte, fue debidamente notificado y tenía la obligación legal de intervenir. No lo hizo. El Ministerio de Seguridad no diseñó ningún sistema alternativo, no se avanzó en la reubicación de detenidos condenados y no se descomprimió una dependencia policial que nunca debió funcionar como lugar de detención permanente.
Según fuentes vinculadas a la causa, la salida más inmediata y razonable sería otorgar excarcelaciones a quienes se encuentren en condiciones procesales de hacerlo e internar a los detenidos con tuberculosis, evitando así un escenario que hoy representa un riesgo no solo para los presos, sino también para el personal policial y la comunidad en general.
La situación en Río Turbio es límite. El problema está documentado, las órdenes judiciales existen y las responsabilidades están claramente señaladas. Si el desenlace es trágico, no será por falta de advertencias, sino por decisiones políticas que nunca se tomaron.
