EL TRIBUNAL DE CUENTAS A MEDIDA DE VIDAL: MÁS CARGOS, MENOS CONTROL Y AUDITORÍAS FRENADAS
En Santa Cruz, el problema ya no es solo cómo se gobierna, sino para qué. Cada decisión del Ejecutivo parece responder menos a una lógica de gestión y más a una obsesión: controlar a quienes deberían controlar.
El Tribunal de Cuentas se convirtió en el ejemplo más claro de esta deriva. Bajo el discurso de “modernización” y “agilidad del Estado”, el gobierno de Claudio Vidal impulsó una reforma que terminó en lo contrario: más cargos, más sueldos y menos control real.
La ampliación de vocalías no vino acompañada de un esquema claro de funcionamiento. De hecho, las nuevas vocales no tienen asignada jurisdicción alguna para auditar. Ni el decreto del Ejecutivo ni el acuerdo legislativo establecen qué ministerios u organismos deben controlar. La ley que el propio oficialismo promovió no lo prevé. Resultado: cargos creados sin funciones concretas.
El caso de Marilina Jaramillo expone la maniobra con crudeza. Ex ministra de Economía del propio Vidal, su llegada al Tribunal implica que deberá excusarse de intervenir en prácticamente todos los ministerios y organismos provinciales. Economía, Energía, empresas estatales, entes descentralizados: todo pasó por su firma. En los hechos, cobrará sin poder ejercer control, con un rol institucional vacío y funciones inciertas.
Pero el objetivo no era que controlara. El objetivo era otro.
El Tribunal quedó organizado como una tríada política: Villafañe responde al sector de Kustich; Jaramillo es Vidal puro; Castro juega para Luxen. Tres nombres, tres terminales de poder, una mayoría automática garantizada. No se trata de fiscalizar al Ejecutivo, sino de ordenar la interna del oficialismo y blindar decisiones sensibles.
Mientras tanto, puertas adentro del organismo, el contraste es obsceno. Durante todo el año, el personal del Tribunal de Cuentas estuvo de paro y con retención de tareas, reclamando mejoras salariales y condiciones laborales. No hubo aumentos. No hubo respuestas. Lo que sí hubo fue una estrategia: desarticular el conflicto.
Los empleados más combativos fueron “seducidos” con cargos jerárquicos en el Ejecutivo provincial, debilitando al gremio y fragmentando la protesta. La mayoría del personal no obtuvo ningún beneficio, pero el conflicto se apagó. ¿El costo institucional? Altísimo.
Con la retención de tareas se garantizó algo clave: no se realizaron auditorías sensibles. Quedaron en el cajón las que comprometían a áreas como Salud, Desarrollo Social y la Cámara de Diputados. Y cuando llegó el turno de auditar Economía, Energía y Fomicruz, especialmente por el acuerdo con YPF, el control volvió a brillar por su ausencia. Las auditorías no se hicieron.
El contraste final es el que indigna. Mientras el personal seguía sin aumentos, el gobierno creó dos nuevos cargos con rango y sueldo de juez de Cámara, más toda la estructura que eso implica: asesores, secretarías, gastos asociados. Más Estado para los de arriba, ajuste silencioso para los de abajo.
Juramentos de madrugada, sesiones un 24 de diciembre, organismos de control ampliados sin funciones claras y mayorías políticas garantizadas. Nada de esto parece pensado para mejorar la gestión. Todo huele a cobertura, a dejar el terreno asegurado, a que nadie mire demasiado cuando llegue el momento de revisar números, decisiones y responsabilidades.
Santa Cruz no está frente a un Estado más moderno. Está frente a un Estado capturado, donde el control se vacía de contenido y se llena de nombres propios. Y cuando el poder se controla a sí mismo, lo que desaparece no es la burocracia: desaparece la verdad.
