VIDAL CONTRA LA JUSTICIA: RECORTES, JUICIOS POLÍTICOS, ÑOQUIS VIP Y UNA GUERRA POR EL PODER ABSOLUTO

VIDAL Y LA GUERRA CONTRA EL PODER JUDICIAL: CUANDO EL PROBLEMA NO ES EL SUELDO, SINO EL LÍMITE

Hay una constante en la gestión de Claudio Vidal que ya no admite lecturas ingenuas ni explicaciones técnicas forzadas: el ataque sistemático al Poder Judicial como parte de una estrategia de disciplinamiento institucional. No se trata de un episodio aislado, ni de una discusión salarial coyuntural. Es un conflicto de fondo, de poder, de límites y de concepción del Estado.

Desde el inicio de su mandato, el Poder Judicial de Santa Cruz viene soportando recortes presupuestarios superiores al 30 % anual, una poda persistente que afecta su funcionamiento, su planificación y la estabilidad salarial de magistrados, funcionarios y empleados. Ese dato —incómodo para el relato oficial— es el punto de partida de todo lo que vino después.

Cuando el ajuste no alcanzó, apareció la vía política. Primero, el intento de juicio político contra la Dra. Paula Ludueña. Luego, contra la Dra. Renée Fernández. Más tarde, el juicio político al Dr. Fernando Basanta. Ninguno prosperó. No por una supuesta corporación judicial, sino por una razón elemental: no había sustento jurídico. El mensaje, sin embargo, fue inequívoco: quien no se alinea, entra en la lista.

Agotada esa herramienta, el oficialismo avanzó con una maniobra de mayor impacto institucional: la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve miembros. Una reforma impulsada sin consenso, cuestionada desde su origen y que hoy se encuentra judicializada tras la declaración de inconstitucionalidad de la ley que la habilitó. El intento de colonizar el máximo tribunal quedó expuesto.

Pero el capítulo más delicado —y menos defendible— llegó después. El propio gobierno promovió y aprobó una ley que autoriza el pago del 50 % del sueldo a nuevos jueces del Tribunal Superior, aun cuando en el mismo texto normativo se reconoce que no cumplen funciones. Dicho sin eufemismos: el Estado provincial creó y financió ñoquis VIP, con rango institucional y respaldo legal del Ejecutivo.

El argumento utilizado para justificarlo fue el del “sustento alimentario”. La pregunta surge sola:
¿Ese criterio humanitario rige también para los funcionarios políticos cuando dejan el cargo y quedan sin trabajo?
La respuesta, en la práctica, es clara: no.

En este contexto aparece el último capítulo del conflicto: el ataque del gobernador al Poder Judicial por un aumento salarial. Vidal habló de “autoaumento”. El concepto es falso. No es un autoaumento. Es ley, es Constitución, es autonomía de poderes.

La Ley Provincial N.º 2996 es explícita: cada poder del Estado está facultado a fijar las remuneraciones de sus magistrados, funcionarios y personal, dentro del ámbito de su competencia. El Poder Ejecutivo lo hace con su estructura. La Legislatura con la suya. El Poder Judicial no es una excepción ni un privilegio. Es una atribución legal, no discrecional.

El aumento cuestionado se encuadra, además, en una pauta salarial vigente desde 2009, basada en criterios objetivos y atada a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es improvisado, no es arbitrario y no depende del humor del gobernador de turno.

Tal vez el gobernador debería preocuparse menos por atacar al Poder Judicial y más por nivelar y mejorar los salarios del resto de la administración pública, que vienen perdiendo poder adquisitivo de manera sostenida. En lugar de eso, el Ejecutivo provincial eligió otro camino: destinar recursos a una maquinaria de propaganda, con pasquines, avisos y publinotas donde desfilan ministros y funcionarios de segunda línea celebrando anuncios que no se traducen en mejoras concretas para los trabajadores del Estado. Ajuste para algunos, marketing para otros.

El problema real no es el salario judicial. El problema es que el Poder Judicial no obedece. No convalida todo. No se deja marcar la cancha. Y eso, para una concepción del poder que no tolera contrapesos, resulta inadmisible.

Vidal no ejerce la transparencia que declama ni respeta la independencia de poderes que invoca en los discursos. Lo que busca —cada vez con menos disimulo— es poder sin control, un esquema donde nadie revise, nadie frene y nadie contradiga.

La historia institucional argentina es clara: cuando un gobierno convierte a la Justicia en enemigo, el problema nunca es la Justicia.
El problema es el gobierno.