NO HAY PLATA
Mientras el Gobierno provincial ratifica que no habrá aumentos salariales para la administración pública durante 2026, el contraste entre el ajuste que se les pide a los trabajadores del Estado y ciertas decisiones de gasto del propio Ejecutivo empieza a volverse difícil de disimular. Con el argumento del déficit fiscal, la caída de la coparticipación y la merma de la recaudación, la gestión de Claudio Vidal decidió congelar los sueldos, cerrar la puerta a cualquier recomposición y, en los hechos, suspender el diálogo salarial con los gremios.
La confirmación llegó de boca del ministro de Economía, Ezequiel Verbes, quien explicó que la provincia atraviesa una situación financiera delicada y que no hay margen para otorgar aumentos. El mensaje fue claro: no hay plata para salarios. Lo que no quedó tan claro es cómo convive ese diagnóstico con otras prioridades del Ejecutivo, donde los recortes parecen aplicarse con bisturí fino sobre los ingresos de los estatales, pero con bastante más flexibilidad cuando se trata de gastos que poco tienen que ver con servicios esenciales.
La decisión generó un rechazo inmediato del Frente Sindical, que reúne a gremios municipales, judiciales, estatales, docentes y viales. Desde ese espacio denunciaron no solo el congelamiento salarial, sino también la ausencia total de paritarias, una omisión que, en la práctica, convierte la política salarial en una decisión unilateral del Gobierno. Para los gremios, no se trata solo de falta de aumentos, sino de un cambio de reglas que vacía de contenido la negociación colectiva y deja a los trabajadores sin herramientas para discutir su poder adquisitivo en un contexto inflacionario que no da tregua.
El conflicto se agrava porque, según advirtieron desde el sector judicial, la resolución oficial desconoce incrementos ya acordados en actas paritarias. Se trata de porcentajes menores, pero vigentes, que venían siendo abonados y que ahora quedarían sin efecto por una decisión administrativa. Para los gremios, no es un detalle técnico: es la vulneración de derechos adquiridos y una señal preocupante sobre la seguridad jurídica de los acuerdos laborales en la provincia.
Todo esto ocurre mientras el Ejecutivo insiste en mostrar austeridad como bandera, aunque esa austeridad no siempre se refleje de manera pareja. Obras que no se terminan, anuncios que se reciclan, gastos que no se explican del todo y prioridades que parecen más ligadas a la puesta en escena que a la gestión cotidiana contrastan con el mensaje de sacrificio dirigido a los empleados públicos. El ajuste, otra vez, baja en línea recta hacia abajo.
La Resolución 030/26 del Ministerio de Economía fija una pauta salarial real cero, sin mecanismos de actualización automática y con toda política salarial subordinada a los límites presupuestarios definidos por el propio Ejecutivo. No prohíbe expresamente las paritarias, pero tampoco las contempla, lo que en los hechos equivale a dejarlas fuera de juego. El resultado es un congelamiento que impacta de lleno en los ingresos de miles de familias y profundiza una crisis salarial que ya se siente en la vida diaria.
Con este escenario, Santa Cruz arranca 2026 con los salarios estatales congelados, un frente sindical en estado de alerta y la amenaza concreta de medidas de fuerza. Mientras tanto, la pregunta empieza a circular con más fuerza: si no hay recursos para recomponer sueldos, ¿en qué se está gastando lo poco que hay y cuáles son, en definitiva, las verdaderas prioridades del Gobierno provincial?
