POLICIA DE SANTA CRUZ EN ALERTA
Mientras el Ejecutivo sostiene la “pauta salarial cero” como bandera de orden fiscal, la realidad empieza a desbordar por otro lado. La Policía y el Servicio Penitenciario de Santa Cruz formalizaron un petitorio donde hablan de sueldos por debajo de la línea de pobreza, una pérdida del 67% del poder adquisitivo entre 2024 y 2026 y un sistema que funciona a fuerza de vocación, pero sin recursos.
El documento, firmado por autoconvocados activos, pasivos y pensionados, exige apertura urgente de paritarias, un piso salarial de $3.800.000 netos, pago del 100% de viáticos —hoy se liquida apenas el 50%—, reconocimiento por insalubridad y el pago efectivo de horas extras que actualmente no se reconocen como corresponde. No es un reclamo aislado ni una interna sindical: es la propia fuerza de seguridad advirtiendo que el esquema está al límite.
En la calle, el cuadro es más crudo de lo que se admite oficialmente. Móviles fuera de servicio, combustible que no alcanza, comisarías funcionando con lo mínimo indispensable y efectivos que sostienen la estructura con jornadas extendidas, fines de semana y nocturnidad sin compensación real. La seguridad pública no se sostiene con discursos, se sostiene con presupuesto y planificación.
Frente a esto, el Gobierno eligió otra estrategia: contener referentes, desactivar interlocutores incómodos y ganar tiempo. La lógica parece ser administrar el conflicto antes que resolverlo. Pero el malestar ya no es silencioso y empieza a organizarse por fuera de los canales tradicionales.
En medio de esta crisis, la pregunta se vuelve inevitable: ¿dónde están las camionetas que se exhibieron con despliegue en el desfile oficial? Aquellas unidades que llegaron bajo el paraguas de YPF, sin detalles claros sobre costos y con expedientes millonarios para su ploteo con la leyenda “Gobernación Claudio Vidal”. Se conoce lo que costó plotearlas. No se conoce con precisión cuánto costaron en total, cómo se financiaron ni cuántas están hoy efectivamente operativas.
El contraste es incómodo. Para marketing institucional hubo recursos. Para salarios, la respuesta fue “no hay plata”. Para imagen, hubo rapidez. Para paritarias, silencio. La discusión ya no es solo económica; es política y de prioridades.
El petitorio fija un plazo de 72 horas para una respuesta y declara estado de alerta permanente. No hablan de privilegios ni de beneficios extraordinarios. Hablan de dignidad salarial, de reconocimiento institucional y de un sistema que, si se sigue debilitando, puede resentir el funcionamiento básico de la seguridad en la provincia. Y todo esto ocurre en un contexto de inseguridad creciente: homicidios que estremecen, hechos de violencia cada vez más brutales, robos que se multiplican en barrios y comercios, y una sensación social de desprotección que ya no se puede maquillar con actos ni discursos. El dato más inquietante es este: mientras la violencia escala y los delitos se vuelven más graves, quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos denuncian que trabajan sin recursos suficientes y con salarios que no alcanzan para sostener a sus propias familias. Una provincia que no invierte en su seguridad termina pagando el costo en la calle.
