La normativa vigente, sancionada en 2010, establece el “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial” y prohíbe expresamente la actividad minera, hidrocarburífera e industrial en esas zonas protegidas, con el objetivo de resguardar el agua dulce.
Según señalaron desde la UTN Santa Cruz, la reforma busca transferir facultades clave a las provincias y reinterpretar el artículo 6 de la ley, que fija las prohibiciones taxativas para proteger estos ecosistemas estratégicos.
“La defensa de este artículo es central, porque impide la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, así como la instalación de industrias y obras que alteren la dinámica natural del hielo o la calidad del agua”, remarcaron.
También cuestionaron la intención de limitar la protección legal solo a aquellos glaciares que acrediten una “función hídrica estratégica” comprobada. Desde la mirada técnica, la Facultad sostuvo que todos los cuerpos de hielo en cuencas áridas o semiáridas cumplen funciones de regulación y que reducir el alcance normativo dejaría vulnerable al ambiente periglaciar, clave para los ecosistemas de alta montaña.
Otro de los puntos críticos señalados es el posible debilitamiento del Inventario Nacional de Glaciares, herramienta científica gestionada por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA–CONICET), que identificó más de 16.900 cuerpos de hielo en el país.
Desde la UTN advirtieron que delegar facultades sin un criterio técnico centralizado podría fragmentar la gestión de las cuencas y exponer la información científica a presiones vinculadas a inversiones de corto plazo.
La Facultad subrayó que Santa Cruz concentra la mayor superficie de hielo del país fuera de la Antártida, incluyendo el Campo de Hielo Sur, por lo que cualquier modificación de la ley tendría impacto directo en la seguridad hídrica provincial.
Advirtieron que la eventual reforma podría afectar la cuenca del río Santa Cruz y los caudales que abastecen tanto el consumo humano como proyectos hidroeléctricos y productivos.
En ese marco, la UTN Santa Cruz solicitó a los representantes legislativos de la provincia que no acompañen la reforma y reclamó el mantenimiento de la Ley 26.639 en su espíritu original, defendiendo el Inventario Nacional como herramienta científica soberana para la protección de los recursos estratégicos del país.

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