YA RIGE EL RÉGIMEN PENAL JUVENIL
El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años
La normativa fue promulgada tras su aprobación en el Senado y establece nuevas reglas para el juzgamiento de adolescentes. Entre los cambios centrales se destaca la reducción de la edad de imputabilidad y un sistema de penas orientado a la resocialización.
El Gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil Ley 27.801, una reforma del sistema judicial para adolescentes que incluye, entre sus principales modificaciones, la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, con la firma del presidente Javier Milei. La ley había sido aprobada previamente por el Senado con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
La legislación establece un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil que fija criterios para juzgar delitos cometidos por adolescentes entre 14 y 18 años, contemplando la edad y las circunstancias de cada caso.
Según el texto, las sanciones deberán orientarse principalmente a la educación, la reinserción social y la prevención de nuevos delitos, buscando que el adolescente pueda reinsertarse en la sociedad con herramientas de formación y trabajo.
La norma también establece que la privación de la libertad será una medida excepcional, que deberá aplicarse únicamente como último recurso y por el tiempo más breve posible.
Entre las disposiciones incluidas en la ley se prohíbe la aplicación de penas perpetuas o de duración indefinida para menores de edad.
Además, se establece que los adolescentes detenidos deberán permanecer en establecimientos especialmente acondicionados, bajo la supervisión de personal capacitado, y no podrán compartir espacios con personas adultas privadas de la libertad.
La legislación también exige que cualquier medida que restrinja la libertad de un adolescente durante el proceso judicial deberá estar debidamente fundamentada por la autoridad judicial y basada en riesgos procesales concretos.
Procesos más rápidos y especializados
Otro de los puntos incluidos en el nuevo régimen es la obligación de tramitar los procesos judiciales con mayor celeridad, especialmente cuando el adolescente imputado se encuentre detenido.
En ese sentido, la norma establece responsabilidades disciplinarias para los magistrados en caso de demoras injustificadas en las causas. Asimismo, se dispone la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.
Derechos de las víctimas
El nuevo régimen también incorpora disposiciones específicas para garantizar los derechos de las víctimas de delitos cometidos por menores.
Entre ellos, se reconoce el derecho a ser informadas sobre el avance de la causa, participar en el proceso judicial y solicitar medidas de protección.
Además, la ley habilita que, en determinados casos, los padres o responsables legales del menor respondan civilmente por los daños causados, según lo determine la sentencia judicial.
La normativa también contempla la posibilidad de instancias de mediación o conciliación, siempre que la víctima lo acepte y el tipo de delito lo permita, con el objetivo de promover soluciones restaurativas en determinados conflictos.
Con su promulgación, el nuevo régimen ya forma parte del marco legal vigente en el país y marca uno de los cambios más importantes en materia penal juvenil de los últimos años en Argentina.
