EL TERRENO DE LA DIPUTADA Y LA DOBLE MORAL DEL VIDALISMO

Adriana Nieto López, ex dirigente judicial y actual diputada oficialista, recibe un terreno del Estado mientras vota recortes al presupuesto del Poder Judicial y evita explicar de dónde saldrán los fondos para los nuevos cargos del Tribunal Superior.

Claudio Vidal llegó al gobierno prometiendo terminar con los privilegios de la política y gobernar “para todos los santacruceños”. Sin embargo, la realidad cotidiana parece ir en sentido contrario. Cada semana aparecen decisiones que alimentan la sospecha de que el cambio prometido no era más que un eslogan de campaña.

La última evidencia surge de una resolución administrativa que beneficia directamente a una diputada del bloque oficialista.

Mediante la Resolución N° 058, firmada el 29 de enero de 2026 en Río Gallegos, dentro del Expediente IDUV N° 63.224/25, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda dispuso adjudicar en venta un terreno fiscal a la diputada Adriana Isabel Nieto López.

El lote corresponde a la Manzana 207-2 del Barrio Patagonia, Parcela 10, Circunscripción 07, Sección 07, con una superficie aproximada de 308,25 metros cuadrados, destinado a la construcción de una vivienda unifamiliar.

Es decir: mientras miles de santacruceños esperan durante años en los registros del IDUV para acceder a un terreno o una vivienda, una diputada oficialista aparece beneficiada por una resolución directa del organismo estatal.

La situación se vuelve aún más incómoda cuando se observa quién es la beneficiaria.

Nieto López no es una funcionaria cualquiera. Durante años fue dirigente sindical de los trabajadores judiciales y construyó su carrera política defendiendo —al menos en los discursos— los intereses del sector.

Sin embargo, ya como diputada provincial, votó para reducir el presupuesto del Poder Judicial, una decisión que afecta directamente a los mismos trabajadores que decía representar.

Y no solo eso.

Cuando en la Legislatura se le preguntó de dónde saldrían los fondos para pagar los sueldos de los cuatro nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, la respuesta de la diputada fue tan reveladora como alarmante:

“Que el gobernador vea de dónde”.

Una frase que pinta de cuerpo entero la lógica con la que se están tomando decisiones que implican millones del presupuesto provincial.

Porque cuando se trata de justificar gastos del Estado, la responsabilidad es difusa. Pero cuando aparece un beneficio concreto —como la adjudicación de un terreno fiscal— el Estado sí funciona rápido.

La propia resolución establece que el lote se otorga bajo las condiciones de la Reglamentación General de Tierras y Registro Único de Postulantes del IDUV, aprobada por Resolución N° 0869/23. Allí se indica que, si se detecta el incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el Artículo 22, Capítulo VII, el organismo puede declarar la caducidad de la adjudicación sin necesidad de interpelación, lo que implicaría la pérdida del terreno y de cualquier mejora realizada.

Pero el punto no es técnico. Es político.

Porque la pregunta de fondo no es si el trámite cumple formalmente la normativa, sino si es éticamente aceptable que una diputada oficialista reciba un terreno fiscal otorgado por el mismo gobierno al que debe controlar.

En un contexto de crisis económica, recortes presupuestarios y promesas de austeridad, la escena deja al descubierto una contradicción difícil de explicar.

La misma diputada que relativiza el financiamiento de nuevos cargos judiciales, la misma que acompañó recortes al presupuesto del Poder Judicial, aparece ahora beneficiada por una decisión del propio gobierno.

La política santacruceña tiene una larga historia de privilegios. Vidal prometió terminar con esa lógica.

Por ahora, los hechos parecen contar otra historia.

Dirección General Boletín Oficial – RESOLUCIÓN I.D.U.V.-N° 0058_2025