POLÉMICA POR UN DESALOJO MAPUCHE QUE NO SE EJECUTÓ Y CERVI CUESTIONÓ AL GOBIERNO PROVINCIAL
El senador nacional Pablo Cervi advirtió sobre el impacto institucional de la decisión y alertó por sus consecuencias en la seguridad jurídica y las inversiones en la provincia.
En Neuquén se generó una fuerte controversia luego de que el Gobierno provincial no ejecutara un fallo judicial firme que ordenaba el desalojo de una comunidad mapuche en Villa La Angostura.
El caso involucra a la comunidad Paicil Antriao, que mantiene desde hace más de una década un conflicto territorial en la zona, incluyendo la ocupación de un predio utilizado como camping sobre la costa del lago Correntoso.
Según consta en el expediente, la causa atravesó múltiples instancias judiciales durante más de 10 años, con la intervención de más de 15 jueces que coincidieron en la restitución de las tierras a sus propietarios legales. Incluso, la Justicia provincial confirmó la sentencia de desalojo en reiteradas oportunidades y rechazó los recursos presentados por la comunidad para frenar la medida.
Sin embargo, pese a tratarse de una sentencia firme, el operativo no se concretó porque el Gobierno neuquino no aportó personal policial para llevar adelante la ejecución del desalojo, un requisito clave para cumplir con la orden judicial.
En este contexto, el senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno provincial y advirtió sobre sus implicancias institucionales.
A través de sus redes sociales, Cervi sostuvo que “en Neuquén se está dando una situación muy preocupante que no podemos dejar pasar” y remarcó que el incumplimiento de una sentencia firme “debilita la autoridad del Estado, pone en duda la seguridad jurídica y afecta el equilibrio de poderes”.
El legislador también alertó sobre el precedente que genera este tipo de decisiones. “La ley deja de ser una regla clara y pasa a depender de la voluntad política”, afirmó.
En esa línea, subrayó la necesidad de respetar la propiedad privada y las resoluciones judiciales: “No puede haber ambigüedades cuando la Justicia ya habló con claridad. El Gobierno no puede elegir qué leyes respetar y cuáles no”.
Finalmente, el senador planteó que, en caso de no poder ejecutar el fallo, el Gobierno provincial debería haber solicitado asistencia al Gobierno nacional para garantizar su cumplimiento. Además, advirtió sobre el impacto económico de vulnerar la seguridad jurídica y no respetar fallos judiciales: “Es la condición indispensable para que Neuquén continúe siendo motor del desarrollo. No podemos poner en riesgo el crecimiento, las inversiones y el futuro de la provincia”, concluyó.
