TELEMEDICINA O NEGOCIO: LOS $5.500 MILLONES QUE GENERAN SOSPECHAS
TELEMEDICINA O NEGOCIO: LOS $5.500 MILLONES QUE NO CIERRAN EN SANTA CRUZ
El Gobierno de Santa Cruz dice que no tiene plata. Lo repite en cada discurso, lo sostiene en cada negociación y lo confirma cada vez que necesita asistencia para pagar sueldos. Pero en paralelo, casi sin explicación, el Gobierno avanza con una licitación de más de $5.500 millones para implementar un sistema de telemedicina en toda la provincia.
El número está en el propio pliego: $5.510.250.000 . La cifra no deja margen para interpretaciones. Lo que sí deja margen —y mucho— es la pregunta central: ¿de dónde salen los fondos en una provincia que reconoce no poder sostener su funcionamiento básico sin ayuda?
La contradicción es difícil de disimular. Mientras el sistema de salud arrastra problemas estructurales, mientras los recursos aparecen siempre al límite y mientras la Provincia depende de adelantos para cerrar el mes, se proyecta un contrato millonario a tres años que, lejos de despejar dudas, las profundiza.
El diseño del pliego tampoco ayuda a disipar sospechas. Exige una estructura de atención permanente, las 24 horas, los 7 días de la semana, con un piso mínimo de 100 médicos y 30 psicólogos . No es un requisito menor ni inocente: en los hechos, funciona como un filtro que deja afuera a cualquier actor local de escala media y reduce el universo de competidores a grandes prestadores con capacidad operativa masiva.
En ese contexto, hay un dato que pesa tanto como el monto: no existe en todo el pliego un criterio que priorice o siquiera contemple a empresas radicadas en Santa Cruz. No hay incentivos, no hay integración con el sistema local, no hay desarrollo territorial. Nada. Y en una provincia donde el Estado es el principal motor económico, esa omisión no es técnica: es una decisión.
La consecuencia es evidente. Los más de $5.500 millones que se pondrán en juego podrían terminar, en gran parte, fuera de la provincia, sin generar empleo local ni fortalecer el sistema sanitario existente.
A esto se suma una zona gris en materia de control. Si bien se exige matrícula profesional, el pliego no establece que deba ser provincial , lo que abre la puerta a prestaciones remotas desde otras jurisdicciones con menor capacidad de supervisión directa. En un sistema de salud ya exigido, la pregunta es inevitable: ¿quién controla lo que pasa del otro lado de la pantalla? ¿ Y el 90/10?
El esquema económico tampoco es menor. El contrato fija precios invariables en un país donde la inflación es constante. En ese escenario, el riesgo no desaparece: se traslada. Puede impactar en los honorarios profesionales, en la calidad del servicio o, más adelante, en nuevas renegociaciones que vuelvan a cargar el costo sobre el Estado.
Así, lo que se presenta como una innovación en salud empieza a mostrar otra dimensión. Una licitación de gran escala, con requisitos que concentran el negocio, sin anclaje local claro y en medio de una crisis financiera que el propio Gobierno admite.
La discusión, entonces, deja de ser técnica. Pasa a ser política.
Porque si no hay plata, alguien debería explicar cómo se financia esto.
Y si la hay, también.
En Santa Cruz, donde cada peso parece faltar para lo urgente, la telemedicina se instala como una apuesta millonaria que todavía no logra responder su pregunta más básica:
¿es una solución para la salud… o un negocio demasiado grande como para no generar sospechas?
