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MINERÍA EN FAMILIA: UN NOMBRAMIENTO, UNA EMPRESA Y UNA SALIDA A DESTIEMPO

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MINERÍA EN FAMILIA: UN NOMBRAMIENTO, UNA EMPRESA Y UNA SALIDA A DESTIEMPO

Fernando Baños asumió en FOMICRUZ mientras aún era socio de una firma del sector. Un mes después cedió sus acciones. Su pareja, hoy ministra de Producción, completa un esquema que abre interrogantes sobre incompatibilidades y concentración de poder.

El 10 de febrero de 2026, el Gobierno de Santa Cruz designó en comisión a Fernando Rodrigo Baños como integrante del directorio de FOMICRUZ, la empresa estatal clave en el desarrollo minero de la provincia. El dato, por sí solo, podría pasar como un movimiento más dentro del armado del área productiva. Pero el cruce de fechas y vínculos abre una discusión mucho más incómoda.

Porque al momento de su designación, Baños no era un actor ajeno al sector: era socio de una empresa privada con actividad directamente vinculada a la minería, la logística y los servicios industriales. Recién el 20 de marzo —más de un mes después de asumir— cedió la totalidad de sus cuotas y renunció a su rol dentro de la firma .

El dato no es menor. Durante ese período convivieron dos roles difíciles de separar: el de funcionario con capacidad de incidencia en el esquema minero provincial y el de empresario del mismo rubro. Aunque en los papeles la situación haya sido luego “regularizada”, el punto crítico está en el momento del nombramiento.

En términos formales, la incompatibilidad puede discutirse. En términos políticos, el problema es otro: ¿corresponde asumir en un organismo estatal estratégico mientras se mantienen intereses en el mismo sector que se va a gestionar?

Pero el cuadro se vuelve aún más delicado cuando se incorpora una variable adicional. Nadia Ricci, pareja de Baños, fue secretaria de Minería y hoy ocupa el cargo de ministra de Producción. Es decir, el área que define políticas productivas y el organismo que ejecuta parte de la estrategia minera quedan, de hecho, dentro de un mismo núcleo familiar.

No se trata solo de un funcionario con pasado empresario. Se trata de un esquema donde decisiones, ejecución y vínculos personales confluyen en un mismo circuito.

El Gobierno podría argumentar que la salida de la empresa ordena la situación. Y es cierto que, a partir de la cesión, Baños deja de figurar formalmente en la estructura societaria. Pero la pregunta de fondo no es qué ocurre hoy, sino qué ocurría al momento de asumir.

La línea es delgada, pero clara: la incompatibilidad no siempre se define únicamente en los papeles. También se mide en los tiempos, en los vínculos y en la confianza pública.

En un contexto donde la minería vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica de Santa Cruz, los estándares de transparencia no deberían bajar, sino subir.

Porque cuando el negocio, la regulación y la ejecución empiezan a cruzarse demasiado, el problema deja de ser técnico y pasa a ser político. Y ahí es donde empiezan las preguntas que todavía no tienen respuesta.