6 MESES SIN RESPUESTA: LA HISTORIA DE EMMA Y UNA JUSTICIA NACIONAL QUE NO ACTÚA
La justicia federal lleva seis meses sin resolver un amparo clave y, en ese tiempo, una nena de cuatro años perdió algo que no vuelve: tiempo para desarrollarse. Emma tiene síndrome de Down, una dispraxia severa del habla y una necesidad urgente de tratamiento intensivo para poder comunicarse. Su familia inició la acción el 30 de septiembre de 2025 contra OSDE para que cubra una terapia específica indicada por especialistas. Desde entonces, no hay cautelar, no hay tratamiento y ni siquiera se ordenó el traslado de la demanda.
El expediente quedó atrapado en un conflicto absurdo dentro de la propia justicia federal. El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 4 se declaró incompetente por una cuestión territorial, argumentando que el tratamiento se realiza en la provincia de Buenos Aires y no en la Ciudad. La causa fue enviada a San Martín, donde otro juzgado también rechazó intervenir. Resultado: nadie se hace cargo. La Procuración General de la Nación ya dejó en claro que este tipo de conflictos debe resolverse dentro del propio fuero, pero el expediente sigue girando mientras el problema real —la salud de una niña— queda sin respuesta.
Lo más grave es que en todo este tiempo ningún juez resolvió la medida cautelar. Ni siquiera lo mínimo. La Defensoría General de la Nación advirtió expresamente que la cautelar sigue sin resolverse y que esa demora impacta directamente en la salud de Emma, señalando la urgencia de tomar una decisión. La propia doctrina judicial es clara: aun cuando exista discusión sobre la competencia, los jueces deben dictar medidas urgentes cuando hay riesgo en la salud. Acá no pasó. Se priorizó el trámite por sobre la persona.
Los informes médicos son contundentes. Emma presenta un retraso severo del lenguaje, no desarrolló el habla como herramienta principal y necesita un abordaje intensivo inmediato. Cada semana sin tratamiento profundiza el daño y reduce sus posibilidades futuras de comunicación, autonomía e inclusión. No es una exageración: es una ventana de oportunidad que se cierra.
En paralelo, el expediente deja al descubierto otra inconsistencia difícil de explicar. En casos similares, con la misma prepaga, el mismo tipo de tratamiento y el mismo centro especializado, la justicia nacional sí intervino y ordenó coberturas. Con Emma, no. En este caso se eligió discutir dónde tramita la causa antes que garantizar un derecho básico.
Mientras tanto, la causa pasó por juzgados, cámaras, la Procuración y la Defensoría. Todos intervinieron. Nadie resolvió lo esencial. Seis meses después, Emma sigue exactamente en el mismo lugar: sin tratamiento.
Lo que está en juego no es una cuestión técnica ni una discusión jurídica abstracta. Es el derecho de una niña a comunicarse, a desarrollarse y a tener una oportunidad real de inclusión. Y ese derecho hoy está frenado por la inacción de la justicia nacional.
Porque cuando la justicia no llega, no es neutral. Toma partido por la demora. Y en este caso, esa demora tiene consecuencias concretas: una infancia que se apaga en silencio.
