NUEVA LEY DE GLACIARES CON MENOS PROTECCIÓN
Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares: qué cambia y por qué genera polémica
Con 137 votos a favor, la Cámara de Diputados avanzó con una reforma clave que redefine la protección de los glaciares y zonas periglaciares. El proyecto abre un fuerte debate entre desarrollo productivo y cuidado ambiental.
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma de la Ley de Glaciares tras una extensa sesión que terminó de madrugada, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.
La modificación introduce cambios profundos en el esquema de protección ambiental vigente desde 2010, generando tensión entre el desarrollo económico y la preservación de recursos estratégicos como el agua.
Los puntos clave de la reforma
1. Protección más limitada
La ley deja de proteger de forma amplia todos los glaciares y zonas periglaciares, y pasa a resguardar solo aquellos que tengan una “función hídrica comprobada o relevante”.
2. Más poder para las provincias
Cada provincia podrá definir sus propios criterios sobre qué áreas proteger, lo que refuerza el llamado federalismo ambiental, pero también abre la puerta a decisiones dispares.
3. Cambios en zonas periglaciares
Se reduce la protección sobre áreas clave como los ambientes periglaciares y los glaciares de escombros, donde existen importantes reservas de agua… y también intereses mineros.
4. Fin de las prohibiciones generales
Se abandona el esquema de prohibiciones amplias. Ahora, las actividades (incluida la minería) podrán autorizarse caso por caso, mediante evaluaciones de impacto ambiental.
5. Nuevo rol del IANIGLA
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales pierde centralidad técnica y pasa a tener un rol más administrativo dentro del inventario de glaciares.
6. Protección condicional
Los glaciares incluidos en el inventario seguirán protegidos, pero podrían dejar de estarlo si se determina que no cumplen funciones hídricas relevantes.
Un cambio de paradigma
La reforma implica pasar de un modelo preventivo y amplio a uno flexible y condicionado, donde las decisiones dependerán en gran medida de evaluaciones técnicas y políticas a nivel provincial.
Desde el Gobierno sostienen que la medida ordena el sistema y favorece el desarrollo productivo. Sin embargo, sectores ambientales advierten que podría debilitar la protección de reservas clave de agua dulce, especialmente en un contexto de cambio climático.
El nuevo escenario abre un debate de fondo: hasta dónde avanzar con la explotación de recursos sin comprometer el agua del futuro. En provincias con fuerte presencia minera, la discusión recién empieza.
