Hoy se cumple el primer año de gestión de Alberto Fernández como presidente, que estuvo atravesado de lleno por la pandemia y sus consecuencias económicas, sociales y políticas.

 

En lo que a la economía respecta, se hizo un balance con 16 indicadores económicos que arrojó 4 resultados positivos o mejoras y 12 negativos en el primer año económico de Alberto Fernández como presidente de la Argentina. Muchas de las desmejoras estuvieron agravadas por las medidas preventivas del covid-19, pero también por desaciertos de política económica y ausencia de un plan integral explícito y consensuado para la emergencia.

El escenario que impuso la llegada al país del virus –que forzó a decretar una cuarentena estricta entre el 20 de marzo y avanzado julio, y a partir de ahí parcialmente flexibilizada, aunque aún persiste– alteró todos los planes y objetivos. Y si bien afectó severamente la realidad económico-social en todo el mundo, como rápidamente lo registró el Fondo Monetario Internacional, en el caso argentino fue notablemente mayor al promedio mundial, porque desnudó con crudeza las enormes deficiencias estructurales que se arrastran desde décadas.

Se aprobó la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que posibilitó suspender la aplicación de la fórmula de ajuste de las jubilaciones y pensiones; elevar las retenciones sobre las exportaciones; dejar sin efecto la rebaja del IVA sobre los alimentos; extender el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos por seis meses –medida que prorrogó hasta el cierre del año-; crear el Impuesto PAIS para las compras de dólares con fines de ahorro; aumentar los Impuestos Internos sobre los autos de alta gama; y elevar las alícuotas del Impuesto sobre los Bienes Personales, en particular para los radicados fuera del país.

El resultado inicial de ese conjunto de medidas fue la escalada del tipo de cambio para ahorro que se aproximó al del mercado libre; la aceleración de la recesión, el PBI pasó de caer a un ritmo de 2,2% en noviembre 2019 a 5,2% en marzo, según el Estimador de Actividad Económica (EMAE) y el aumento del desempleo de un total proyectado para todo el país de 1,7 millones de personas a 2,3 millones de trabajadores en ese período; porque muy poco de la nueva oferta laboral encontró una respuesta positiva en el mercado de trabajo.

 

LAS BUENAS NOTICIAS

Estas vinieron por el lado de las remuneraciones favorecidas por los acuerdos paritarios previos, el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) aumentó 3,2% en términos reales, y el Índice de Salarios del Indec, que incluye el componente de los sueldos de los trabajadores no registrados, subió 3,3% real; en ambos casos favorecidos por la desaceleración de la tasa de inflación y la baja de las tasas de interés en el mercado financiero, en respuesta a una política monetaria que parecía tender a desarmar gradualmente la “bola de nieve” de las Leliq, aunque la contrapartida fue el impulso de la base monetaria a una velocidad de 23% real en 4 meses, el cual encendió las señales de alerta de más inflación en un horizonte de 8 a 12 meses.

Ese cuadro, junto con la presentación de una agresiva propuesta de reestructuración de los vencimientos de la deuda pública bajo legislación extranjera, mientras se acumulaban compromisos por la persistencia de alto déficit fiscal y capitalización de interés de bonos ajustables por la variación del tipo de cambio y la inflación, determinaron la virtual duplicación del índice de riesgo país, y lo ubicó a fines de marzo por arriba de 4.000 puntos básicos, según la medición de JP Morgan que informa la agencia Reuters.

Así, el balance de 4 meses arrojó un resultado neto virtualmente equilibrado, entre 7 positivos y 9 negativos

LA PANDEMIA

Con la llegada del covid-19 se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) desde el 20 de marzo y se postergó el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2020 heredado. El propio Presidente le dijo al Financial Times: “Francamente no creo en los planes económicos”. Mientras se “enamoraba” de la prórroga continuada de la cuarentena inicial por 14 días por percibir el aumento de su imagen positiva entre la población; avanzaba la reestructuración de la deuda con un claro plano inclinado a favor de los bonistas y la realidad económico y social se fue deteriorando sostenidamente.

Las severas restricciones que se impusieron y persisten sobre el uso del transporte público de pasajeros por parte de los trabajadores en actividades decretadas no esenciales, básicamente las mano de obra intensiva, como los que se desempeñan en los comercios en las grandes tiendas; tareas en casas particulares; gastronomía, y espectáculos deportivos, artísticos y de esparcimiento; y en particular el turismo y la construcción, más los puestos informales y la actividad de cartoneros, se tradujeron rápidamente en un severo derrumbe de la economía en su conjunto y un brutal empinamiento del deterioro de los indicadores sociales de empleo, pobreza e indigencia, pese a las medidas paliativas que tomó el Gobierno.

Según la Encuesta Permanente de Hogares: el desempleo se afirmó arriba del 13% de la oferta laboral, a 2,7 millones de personas, aunque por efecto desaliento podría subir a más de 28% de los trabajadores. También reflejaron el contexto relevamientos de datos de la industria, la construcción y el comercio; y también las instituciones privadas, como el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, los cuales se manifiestan con singular contundencia en el desagregado de la recaudación tributaria a cargo de la AFIP, principalmente IVA y Cheque; de Aduana y de la Anses, más allá de las facilidades que instrumentó el organismo para postergar el ingreso de los tributos a través de moratorias extendidas y diferimiento del pago de los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial.

Ese escenario llevó al Gobierno a imponer un cargo adicional a los compradores de dólar ahorro, a pesar de regir el cupo de USD 200 mes, de 35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales por el corriente año, que se podría recuperar con la presentación de la liquidación anual en el segundo trimestre de 2021, pese a que de ese modo impulsó a un escalón más alto a los tipos de cambio alternativos y generó presiones sobre el conjunto de precios de la economía, aunque no llegó a manifestarse sobre los índices de precios del Indec por la extensión de los controles y valores máximos para productos de la canasta familiar.

Mientras que la extensión de la cuarentena, junto con la incertidumbre derivada de los naturales cabildeos en la negociación de la deuda con los grandes fondos de inversión extranjeros, y el aumento de la presión tributaria, derivaron en una profunda depresión, y notable pérdida de puestos de trabajo, en particular en las tareas informales. De ahí que no sólo se perdió la mejora previa de los salarios reales, sino que además se elevaron los niveles de desempleo, indigencia y pobreza.

Fuente: Infobae