Una maestra denunció abuso sexual, recibe tratamiento Psiquiátrico y licencia laboral. El CPE, la suspende por “abandono de servicio”. Decide enviar una carta a la mandataria provincial. Un caso y tres ejemplos que exponen el problema de identidad del gobierno provincial.
El 5 de febrero de 2.018, la docente Irma Del Valle Delgado, denunció en la Fiscalía de Río Gallegos, haber sido abusada por un compañero con el cual trabajaba en ese momento en el Albergue N° 34 “Francisco Rizzuto” situado en el paraje Fuentes del Coyle.
El presunto abuso sexual simple, sucedió el 19 de octubre de 2017 , y fue a la vista de la Directora del establecimiento: la maestra conversaba con la Directora, aparece un docente por detrás, la manosea, sonríe. La directora hace un chiste y pregunta “por qué tanto toqueteo entre Ustedes”.
La densa situación se asienta en un Acta, en la cual el docente acusado ADMITE lo sucedido. La Directora pide que el caso “quede entre las partes” y no trascienda “fuera de la escuela”.
Por supuesto esto no sucede. La maestra realiza la denuncia, pide ser trasladada a otra jurídico, por lo que vuelve a Las Heras, de donde es oriunda.
No fue la primera vez. En una presentación de una Feria de Ciencias en Río Gallegos, el maestro ya la había tocado.
Desde el 2.018 y hasta la actualidad, Delgado cuenta con asistencia Psiquiátrica. El profesional recomienda que en virtud de cuadro depresivo y de estrés, acceda una licencia laboral. Esto sucede durante casi 10 meses. Todos los certificados fueron enviados al Consejo Provincial de Educación.
La última licencia emitida el 14 de octubre se extiende hasta este domingo 14 de noviembre.
La cartera educativa, desconoce cuanta ley nacional o acuerdos internacionales, administrativos existan para este tipo de casos. Como obvia el Acuerdo 189/18 votado por unanimidad en la sesión 764 del CPE, que establece la “Licencia por Violencia de Género” dentro del marco de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, aprobada en 2.009; la Ley Micalela: Ley Provincial N°3642 Decreto N°0336, Ley Nacional N° 27499, Convención De Belem Do Pará.
Por eso mismo, el 22 de octubre el CPE le notificó a Delgado, que según la Dirección General de Educación Rural, la Resolución 1.932/21, sobre la investigación sobre el sumario administrativo para investigar el presunto constante abandono de servicio, decidieron suspenderla sin goce de haberes.
La maestra se asesora y quiere ser querellante, pero existe otro problema. La causa judicial no avanzó, porque no se sabe dónde está. No aparece.
Cuando la docente realizó la denuncia, se trató de un caso penal. Ese expediente N°12.661/18 -Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos s/remite actuaciones -fue remitido en febrero de 2.018 al Juzgado de Instrucción Secretaria N° 2 de Río Turbio. El juez se declaró incompetente en marzo de 2018 envió las actuaciones al Juzgado de familia de Rio Turbio, cuando, se repite, era un caso penal, no familiar.
La maestra, junto a su abogada envía una Carta Documento a la titular del CPE, María Cecilia Velázquez, para rechazar la suspensión de su cargo. También a la Gobernadora, para que conozca su situación.
No es la primera vez que el gobierno provincial elige con quién indignarse y quién merece que se le reconozcan derechos. Sucedido antes, y hay tres casos para recordar:
-En mayo de 2.020, Jorge Astorga, un joven gay de 27 años es golpeado salvajemente en la Comisaria Sexta. “Me agarraron a patadas y denigraron por ser gay”, contó a los pocos medios que publicaron la noticia. Hubo un escueto comunicado de la secretaria de Derechos Humanos señalando “que lo acompañaban”, y un acompañamiento del INADI. Ni los colectivos por los derechos LGBT, en su mayoría ligados al gobierno, ni ningún repudio, pedido de investigación a la fuerza, de parte del área de Diversidad de Género de Santa Cruz.
-Macarena Barrionuevo denunció en octubre de 2.020, aunque el caso tomó mayor relevancia este año, que había sido abusada por el Comisionado de Fomento, Jorge Soloaga. No hubo pronunciación oficial ante tamaña presentación en la justicia, ni acompañamiento de los colectivos antes mencionados. La causa sigue su curso, Soloaga fue procesado.
– Mónica Bautista , Cabo de la Policía provincial, fue golpeada salvajemente cuando el domingo 10 de mayo del 2.020 acudió al Club Hípico de Perito Moreno por una reunión social que se realizaba y que transgredía el DNU 297/20 que prohibía las reuniones sociales. En ese “encuentro” estaba presente Valeria Casarini, Concejal y prima del Intendente Mauro Casarini. Producto de los golpes, perdió la audición en uno de sus oídos. La causa procesó a Harold Casarini estuvo detenido por violencia de género y fue procesado por lesiones graves, según lo dispuso el juez de Las Heras, Dr. Eduardo Quelín. No hubo una condena del hecho por parte de la subsecretaria de la Mujer, ni tampoco acampamiento de colectivos ligados al gobierno.
Según una de las empresas más prestigiosas en Ingeniería Civil, Arquitectura, Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de España, existen cuatro fallos que son frecuentes en las cimentaciones de una obra, lo que, con el tiempo, provoca obviamente, graves problemas.
Una de ellas, es el desconocimiento de las características intrínsecas del terreno.
En el gobierno provincial, sucede algo similar: sus cimientos, lo que le da identidad a su proyecto político, que quizás sea lo más importante, está mal construido, y al mismo tiempo, desconoce (o quiere desconocer) el terreno.
Carta que envió Norma Delgado a la Gobernadora el 2 de noviembre:
La que suscribe IRMA DEL VALLE DELGADO D.N.I. 23.116.529, Docente Titular de EPPR N° 34, con domicilio real en Barrio Las Américas Mza 406 Solar 20 de Las Heras, se dirige a Ud a fin de poner en su digno conocimiento, que he sido víctima de abuso sexual en la EPPR N° 34 en octubre de 2017 y que a pesar de haber realizado las denunciadas correspondientes, no tuve ningún auxilio, ni ayuda de ninguna naturaleza. Los hechos sucedieron en presencia de la Sra. Directora, quien se negaba a realizar un acta y cuando accedió, escribió “que esto debía quedar entre las partes y no debía trascender fuera de la escuela”. Desde la Directora del establecimiento de aquel año Prof . Elsa Victoria Bazán, hasta distintos funcionarios de Educación apañaron al abusador, dejándome a la deriva y abandonada, razón por lo cual intente quitarme la vida. A pesar de ser víctima desde el primer día empecé a sufrir persecución laboral y sostengo esto, ya que en febrero de 2018 comenzó el hostigamiento mediante varios sumarios administrativos injustos, en los que tuve que defenderme constantemente. Y ahora me inician un sumario administrativo por abandono de trabajo, (a pesar de encontrarme con carpeta médica), ya que no puedo, por prescripción médica, regresar a trabajar en el lugar de los aberrantes hechos. Mi deseo es trabajar en la localidad de Las Heras, y continuar con mi vida, como lo hacía antes de octubre de 2017. Los funcionarios del Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, han incurrido en violación a la Ley Micalela: Ley Prov N°3642 Decreto N°0336 Ley Nac. N° 27499, CONVENCION DE BELEM DO PARÁ, LEY N° 26.485 y Acuerdo 189/18. Por todo lo manifestado y con el convencimiento que V.E., desconoce los hechos, es que respetuosamente solicito una audiencia con Ud, a fin de llevar las pruebas que obran en mi poder, aclarar y encontrar una solución a mi situación.
