¿Qué hay detrás de esta productora que tuvo que pagar millonarias sumas por daños a la salud de millones de habitantes en varios países del mundo?

Sólo en Estados Unidos, la agroquímica recibió más de cien mil denuncias por los afectados con cáncer, que atribuyen su enfermedad al uso del herbicida Roundup.

“Entre 1980 y 2019 se publicaron en todo el mundo más de 1.200 trabajos que demuestran, de distintas formas y con distintos organismos, la toxicidad del glifosato”, aseguró Rafael Lajmanovich, profesor de ecotoxicología en la facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral, e investigador del Conicet.

Para Lajmanovich, el ingreso del gigante alemán al país supone un “reconocimiento a lo que la ciencia independiente de gran parte del mundo lleva diciendo desde hace muchos años: el potencial carcinogénico que tienen los formulados comerciales del glifosato”.

“Últimamente se está tratando de avanzar en la regulación de la distancia de las poblaciones humanas en la utilización de agroquímicos. Es algo que se ha logrado gracias a las movilizaciones de vecinos y organizaciones ambientales y científicas, ya que estamos convencidos de que el actual modelo productivo intoxica el medioambiente y a las personas. Pero debería debatirse sobre el modelo productivo, y eso no se está haciendo”, advirtió el científico.

La historia del glifosato

El agronegocio usa 580 millones de litros de plaguicidas al año, según reconoce un trabajo del INTA. La aplicación de agrovenenos que se realiza en nuestros territorios supera ampliamente las estadísticas de otros sitios donde se hace culto a la fumigación como Estados Unidos, Brasil o China.

De ese total, 230 millones corresponden a formulaciones de herbicidas como el glifosato y la porción restante la ocupan los insecticidas, acaricidas y fungicidas, entre otras categorías.

Semejante volumen, dividido entre los 45 millones de personas que padecen este modelo en nuestro país, arroja que por cada habitante se aplican casi 13 litros de venenos siempre en términos anuales. Ajustado sólo a aquello le importa al agronegocio, esto es, la ecuación productiva en desmedro de la salud colectiva y la seguridad y la soberanía alimentaria, la cuenta da un uso superior a los 16 litros de agrotóxicos por hectárea.

“Argentina tuvo la desgracia de ser el segundo país del mundo en el que se liberó la soja RR”, comentó Rafael Lajmanovich.

“Pero, en realidad, el negocio no estaba en las semillas”, aclaró.

“El gran negocio, que sigue hasta la actualidad, era el herbicida”, sentenció Lajmanovich. “Probablemente fue una estrategia de las multinacionales: liberarlo acá en Argentina, sabiendo que este país tiene leyes laxas en muchos sentidos. Rápidamente, de contrabando, esta soja RR invadió países cercanos: se fue a Brasil, a Paraguay, a muchos países de la región”, señaló.

Entre 1980 y 2005, la superficie de cultivo de soja en Argentina pasó de 2 a 17 millones de hectáreas, un manto gigantesco sobre el que aplicar los productos de las multinacionales, fundamentalmente el glifosato. Y, durante décadas, las políticas de los distintos Gobiernos no han hecho sino reafirmar la expansión del agronegocio: “Argentina se vio, de alguna manera, condenada a proseguir con el cultivo de estos granos. Es un círculo del cual cuesta mucho salir”, lamentó Lajmanovic.