El gremio docente mantiene su postura intransigente, dejando a los estudiantes sin clases por más de 50 días
El Congreso Provincial de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) definió llevar a cabo cuatro días de paro en toda la provincia en demanda de un incremento salarial. Esta medida de fuerza abarcará los días lunes, martes, miércoles y viernes de esta primera semana de julio, profundizando así la interrupción del dictado de clases que ya lleva más de 50 días.
En un comunicado emitido por la organización gremial, destacan la necesidad de reapertura de paritarias con soluciones concretas para el sector docente, así como la absolución inmediata de los docentes procesados.
Uno de los puntos de conflicto entre el gremio docente y las autoridades gubernamentales es la Cláusula Gatillo, la cual sigue vigente hasta diciembre de 2023. Asimismo, los aumentos salariales son acumulativos y se reflejan en el básico de salarios. Además, se ha establecido el pago del aumento correspondiente al ítem TÍTULO, que será retroactivo a los meses de marzo, abril y mayo para los docentes comprendidos en el período común, y a los meses de febrero, marzo, abril y mayo para aquellos incluidos en el período especial.
Según la proyección realizada por el Gobierno Provincial, considerando el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial, el salario del Cargo Testigo alcanzaría los siguientes montos, dependiendo del porcentaje de zona sin asignaciones familiares y sin antigüedad: $326.497,46 con un 100% de zona, $366.092,04 con un 140% de zona, y $405.686,62 con un 180% de zona.
A pesar de estas propuestas salariales, el gremio docente rechazó la oferta y continúa exigiendo medidas concretas que satisfagan sus demandas. ADOSAC sostiene que el paro y las medidas de fuerza son necesarios para visibilizar la falta de respuesta del Gobierno Provincial y para evitar la criminalización de la protesta social.
En consecuencia, los estudiantes de Santa Cruz siguen siendo los más afectados por este conflicto entre el gremio docente y las autoridades educativas. Con más de 50 días sin clases, la continuidad de la interrupción del dictado de clases pone en riesgo el derecho a la educación de miles de niños y jóvenes de la provincia.
La situación actual también plantea la necesidad de reflexionar sobre la importancia de fortalecer el diálogo y la negociación entre los actores involucrados en el sistema educativo. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad y requiere del compromiso y colaboración de todos los sectores para asegurar su adecuado funcionamiento.
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