El decreto 608/24 del Poder Ejecutivo de Santa Cruz ha desencadenado una tormenta de incertidumbre y temor entre los futuros jubilados, al ser percibido como el primer paso hacia el desmantelamiento de la Caja de Previsión para entregarla a Nación. Publicado en el Boletín Oficial el pasado 18 de junio y firmado por el gobernador Claudio Vidal y la ministra de Desarrollo Social, Jazmín Macchiavelli, este decreto ha sido recibido con alarma y resistencia por parte de sindicatos y jubilados.
Viviana Carabajal, vocal por los Pasivos, no ocultó su indignación ante lo que considera una amenaza existencial para la Caja. “Si nosotros no salimos a discutir este decreto, que es el primero, vamos a terminar en una armonización de nuestra Caja de Previsión,” advirtió Carabajal. “Todos los días vemos cómo avanzan sobre nuestra ley de previsión. No se pueden brindar superpoderes al Presidente de la Caja de Previsión. Es muy grave lo que está ocurriendo y necesitamos el apoyo de todos los sectores.”
El sentido de traición y urgencia es palpable en las palabras de Pedro Mansilla, titular del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Gallegos. “Nosotros estamos trabajando con nuestros abogados porque Vidal no puede pasar por encima de los gremios. Me extraña porque él viene de extracción sindical y todo lo que está haciendo va en contra de los trabajadores,” denunció Mansilla. “La modificación de una Ley a través de un decreto es inconstitucional, está prohibida. Hay jurisprudencia que avala lo que estamos reclamando.”
Para muchos, este decreto es más que una simple reforma administrativa; es un intento calculado de desmantelar el sistema de previsión social de la provincia. La modificación del régimen de jubilaciones mediante un decreto ejecutivo es vista como un acto inconstitucional que socava los derechos de los trabajadores y abre la puerta a una posible entrega de la Caja a Nación. Abogados y referentes sindicales coinciden en que tal medida viola principios fundamentales del sistema legal argentino, y que cualquier cambio significativo en la legislación debe pasar por el proceso legislativo correspondiente.
La atmósfera de inseguridad y desconfianza entre los futuros jubilados es creciente. Temen por la estabilidad de sus beneficios y la seguridad de su futuro económico. Las organizaciones gremiales y los representantes de los jubilados están movilizándose con urgencia para desafiar el decreto, en un intento desesperado por detener lo que ven como un ataque directo a sus derechos y una amenaza a la integridad del sistema de previsión social.
El decreto 608/24 ha desencadenado un profundo debate sobre la legalidad y la justicia de modificar el régimen de jubilaciones mediante un decreto. Para muchos, este acto representa una traición a los trabajadores y jubilados de Santa Cruz, y un primer paso hacia la entrega de la Caja a Nación. La respuesta de los sindicatos y los jubilados es una clara muestra de la resistencia a lo que perciben como una erosión de sus derechos adquiridos. A medida que la situación se desarrolla, la atención estará centrada en cómo las autoridades y los actores sociales manejarán esta crisis inminente en los próximos meses.
